Un juzgado comercial de la Capital Federal condenó solidariamente a Telecom Argentina y al Banco Supervielle a indemnizar con $26 millones a un cliente que perdió un millón de pesos por una estafa de SIM Swapping. El fallo responsabiliza a ambas empresas por fallas de seguridad.
En una sentencia que refuerza la protección al consumidor, el Juzgado Comercial de la Capital Federal condenó de manera solidaria a Telecom Argentina y al Banco Supervielle a indemnizar con 26 millones de pesos a un cliente que sufrió el robo de un millón de su cuenta mediante la estafa conocida como SIM Swapping.
El hecho ocurrió el 25 de junio de 2022. Ese día, W. M. realizó varias operaciones con su tarjeta de débito: a las 13 extrajo 9.500 pesos en un cajero de la Avenida San Martín y luego hizo compras. Sin embargo, a las 19:30 la misma tarjeta fue rechazada en un local de Ramos Mejía. Al consultar con el banco, descubrió que en solo cinco minutos se habían ejecutado tres transferencias (dos de 500.000 pesos y una de 77.000 pesos) a un destinatario desconocido, con cuenta en Brubank.
El cliente hizo la denuncia policial, pero dos días después advirtió que los estafadores habían tomado control de su línea telefónica: Telecom (“Personal”) había procesado un cambio de titularidad a favor de un tercero, sin su autorización. Al tener el número, los delincuentes recibieron los códigos de validación (SMS Token) que el Banco Supervielle usaba para autorizar operaciones, logrando vaciar la cuenta.
El juez Diego Paz Saravia rechazó los argumentos de ambas empresas. Telecom alegó que solo provee conectividad y que el fraude fue un “hecho de un tercero”. El banco sostuvo que el sistema funcionó correctamente porque el ingreso fue con usuario y clave válidos. Sin embargo, la sentencia determinó que la telefónica fue responsable por permitir el cambio de titularidad sin verificar adecuadamente la identidad del solicitante, lo que habilitó el fraude.
En cuanto al banco, el magistrado consideró que falló en sus deberes de seguridad al no detectar una operatoria inusual: transferencias de montos elevados, sucesivas y realizadas desde una dirección IP radicada en Chile. El juez señaló que esa atipicidad debió activar bloqueos preventivos automáticos que el banco no ejecutó.
El fallo aplicó la Ley de Defensa del Consumidor, con responsabilidad objetiva y agravada. “La multa civil busca no solo reparar el daño individual, sino funcionar como incentivo para que las grandes corporaciones inviertan en prevención real”, remarcó la resolución.