A partir de 2027, los teléfonos vendidos en la UE deberán tener baterías que el usuario pueda cambiar sin herramientas especializadas, en un nuevo paso contra la obsolescencia programada.
La Unión Europea continúa su lucha contra la obsolescencia programada. Desde 2027, los smartphones comercializados en territorio europeo deberán contar con baterías que el propio usuario pueda extraer sin necesidad de herramientas especializadas. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia que comenzó hace cuatro años.
La obsolescencia programada, una práctica comercial que consiste en diseñar dispositivos para que dejen de funcionar tras un tiempo determinado, ha sido objeto de regulación por parte de Bruselas. El objetivo es reducir la creciente cantidad de residuos electrónicos y disminuir el impacto ambiental de los productos manufacturados.
Desde marzo de 2021, los consumidores europeos tienen garantizado el «derecho a reparar». Los fabricantes de electrodomésticos como heladeras, lavarropas, secadoras, televisores y teléfonos móviles deben asegurar que estos productos puedan repararse durante al menos diez años. Además, se exige la disponibilidad de piezas de repuesto, manuales de reparación y un diseño que permita el desmontaje con herramientas comunes.
En junio de 2023 se sumó la obligación de incluir una etiqueta energética en los dispositivos electrónicos, informando al usuario sobre su eficiencia, facilidad de reparación y resistencia. Ahora, la nueva normativa va un paso más allá: los smartphones deberán tener baterías más duraderas, capaces de soportar más ciclos de carga sin perder capacidad, y deberán ser reemplazables por el usuario.
Esto implica el fin de los diseños unibody, aquellos que requieren herramientas especializadas para acceder a la batería. Empresas como Apple, Samsung y Xiaomi deberán rediseñar sus modelos para cumplir con la regulación. La normativa también exige garantizar el acceso a piezas de repuesto originales y actualizaciones de software durante un período mínimo.
El sector contará con un período de adaptación hasta 2027 para ajustar sus procesos de producción y logística. Desde la Comisión Europea sostienen que priorizar la reparación contribuye a reducir costos, disminuir la generación de residuos y el consumo de materiales, alineándose con los objetivos del Pacto Verde.