Tras un fallo que ratificó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo debe decidir si apela a la Corte Suprema. Las universidades reclaman la aplicación inmediata de los artículos que atienden salarios y becas.
El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas ingresó en una nueva etapa judicial. Un fallo reciente ratificó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que coloca al Gobierno nacional ante un plazo perentorio para definir si presenta una apelación ante la Corte Suprema. En paralelo, las casas de estudio exigen la aplicación inmediata de los artículos considerados más urgentes de la norma.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), afirmó que la obligación del Ejecutivo ya está vigente. «Lo que vence hoy es el plazo que el Gobierno tiene para, si así lo decide, apelar a la Corte Suprema. En cualquier caso, aun con esa apelación, tiene la responsabilidad de mientras tanto ir aplicando los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario», explicó Bartolacci en declaraciones radiales.
Según detalló, esos artículos contemplan dos aspectos centrales: la recomposición salarial para el personal docente y no docente, y la actualización de las becas estudiantiles. «Son los que atienden las cuestiones más urgentes», sostuvo.
El titular del CIN confirmó que el organismo ya presentó un informe ante la Justicia señalando el incumplimiento del Poder Ejecutivo Nacional respecto a la resolución judicial. Desde el Gobierno se ha argumentado que cumplir con la ley podría impactar en el equilibrio fiscal. Bartolacci rechazó ese argumento, señalando que «la ley prevé claramente de dónde salen los fondos; autoriza al Jefe de Gabinete a redireccionar partidas». Agregó que destinar el 0,2% del PBI para cumplir con la norma no debería ser visto como un factor de desequilibrio fiscal.
Bartolacci también cuestionó la falta de comunicación oficial por parte del Gobierno y reclamó retomar el diálogo. «No ha habido comunicación. No hay ningún tipo de dato que confirme por parte del Gobierno qué es lo que efectivamente van a hacer», indicó.
El representante universitario describió un escenario crítico para el sistema, afirmando que la transferencia a las universidades ha caído un 45,6% desde 2023 hasta la fecha. «Nunca fueron tan grandes y tan importantes como ahora. Estamos a la mitad, con todo lo que eso implica», remarcó.
Mientras el Gobierno evalúa sus próximos pasos legales, las universidades aguardan una señal oficial y la convocatoria a paritarias para avanzar con la recomposición salarial. «Lo razonable sería que pudiéramos tener un diálogo que permita abordar estas dificultades y encontrarle una solución», concluyó Bartolacci.