Ante pedidos de investigación y denuncias judiciales, el oficialismo defiende la legalidad de los préstamos otorgados a varios de sus miembros, mientras la auditoría del banco revisa los casos.
El Gobierno nacional salió a responder a las denuncias y pedidos de investigación generados tras la difusión de información sobre préstamos del Banco Nación (BNA) otorgados a varios funcionarios del oficialismo. Desde el Ejecutivo calificaron la noticia como «insólita» y defendieron la legalidad de los créditos, al tiempo que se informó que el área de auditoría del banco revisó cada caso durante el fin de semana.
Entre los beneficiarios mencionados se encuentran Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo; Federico Furiase, exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas; y Pedro Inchauspe, también director del Banco Central. La lista incluye además a otros funcionarios como Juan Pablo Carreira, el diputado Santiago Santurio, Sharif Menem y Guillermo Madero, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa.
El ministro Caputo defendió públicamente a los funcionarios de su área, afirmando que «no tienen ventaja respecto del resto» al acceder a los préstamos. Por su parte, el canciller Pablo Quirno, a través de redes sociales, sostuvo que «las tasas y condiciones ofrecidas son para todos los que cumplen las condiciones del banco» y aclaró que la entidad «no presta guita de los contribuyentes».
La información sobre los créditos, revelada inicialmente por el sitio web Cuánto Debe, derivó en pedidos de informes y reclamos de investigación en el Congreso, además de al menos una denuncia judicial presentada por los diputados opositores Esteban Paulón (PS) y Mónica Frade (CC-ARI). En su denuncia, Frade argumentó que los beneficiarios «se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales».
Fuentes oficiales indicaron que toda la información será entregada a la Justicia una vez que se defina el juez que se hará cargo de las causas. Asimismo, aseguraron que «no hay un solo crédito mal otorgado» y que todos los montos «están cubiertos» mediante garantías hipotecarias y co-deudores, según corresponda.
Uno de los funcionarios mencionados, Guillermo Madero, explicó en diálogo con LA NACION que su crédito de aproximadamente 207 millones de pesos fue destinado a la compra de su primera propiedad, tras «muchos años en la función pública». Madero afirmó que se enteró de la existencia del préstamo «por el encargado del edificio» y que el trámite se realizó «sin privilegios» a través de la página web del banco.
El caso ya tuvo una consecuencia directa con la salida de Leandro Massaccesi, jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, quien fue desvinculado de su cargo luego de conocerse que era uno de los beneficiarios de los créditos.