Un día después de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York emitiera un fallo a favor de la República Argentina en la causa por la expropiación de YPF, Armando Betancor, representante de los demandantes Petersen e Eton Park, afirmó que la decisión de suspender los procedimientos de presentación de pruebas “no afecta nuestra búsqueda de restitución para los inversionistas de YPF ni nuestros esfuerzos por cobrar la sentencia de US$ 16.000 millones que nos otorgó el Tribunal de Distrito”.
Según Betancor, «la suspensión no tiene nada que ver con el fondo de nuestro caso contra Argentina ni con el resultado de la apelación; solo se refiere a la presentación de pruebas posterior a la sentencia” pedido por el estudio Buford.
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“El incumplimiento por parte de Argentina de los estatutos de YPF fue una decisión desastrosa y de gran trascendencia que llevó a la quiebra a inversionistas en la Bolsa de Nueva York”, sentenció Betancor, para luego agregar que “en todos los niveles, los tribunales estadounidenses han actuado reconociendo este hecho fundamental, y creemos que esto continuará».
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Este miércoles 18 de marzo, Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ordenó la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia, así como de todos los procedimientos pendientes en la Corte de Distrito.
Con esta resolución, el tribunal de alzada hizo lugar al pedido presentado por el Ejecutivo nacional el pasado 6 de marzo. La medida no solo frena la búsqueda de activos para eventuales embargos, sino que también suspende la audiencia de apelación vinculada con el acceso a dispositivos y cuentas personales de funcionarios argentinos.
El proceso de discovery es la instancia donde los demandantes buscan identificar bienes del Estado para cobrar la sentencia. Sin embargo, la Cámara decidió poner una pausa total hasta que se resuelva la apelación de fondo sobre la responsabilidad de la Argentina en el juicio.
Desde la Oficina del Presidente destacaron que esta decisión representa un «hito histórico» en un conflicto legal que ya lleva más de doce años y que ha generado «un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país».
El «equipo técnico» detrás del fallo
A través de un comunicado, el presidente Javier Milei celebró el resultado y agradeció específicamente el trabajo de los funcionarios involucrados en la arquitectura legal: María Ibarzabal, secretaria Legal y Técnica; Sebastián Amerio, procurador del Tesoro; Juan Stampalija, subprocurador; y Pablo Quirno, canciller.
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Por último, según la visión de la Casa Rosada, la estrategia jurídica cuenta ahora con un «rigor técnico y responsabilidad institucional» que, aseguran, no se había visto desde que comenzó el proceso. El Gobierno ratificó que retomará el ejercicio del derecho a la defensa para proteger los derechos soberanos y los intereses de los ciudadanos frente a los tribunales internacionales.
GZ