El emblema de la propaganda kirchnerista, Fútbol para Todos, quedó nuevamente en el ojo de la tormenta judicial. Este lunes, en el juicio oral por las maniobras de corrupción y desvío de fondos públicos vinculados al programa, la Fiscalía General pidió condenas contra figuras centrales del kirchnerismo, entre ellas Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, ambos ex jefes de Gabinete durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.
El fiscal general Miguel Ángel Osorio solicitó tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Fernández, acusado de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en concurso real con violación de los deberes de funcionario público. En el caso de Capitanich, la pena requerida fue de ocho meses de prisión de ejecución condicional, además de una inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, por violación de los deberes de funcionario público.
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Según la acusación, entre 2010 y 2015 se generó un perjuicio económico superior a los 131.608.000 pesos, cifra que el Ministerio Público Fiscal pidió que los imputados restituyan de manera solidaria —actualizada a valores actuales— en beneficio del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y de la AFA.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) respaldó esta postura y detalló cómo las maniobras fraudulentas drenaron recursos públicos que nunca se tradujeron en el saneamiento económico de los clubes ni en obras deportivas.
Junto con los ex funcionarios kirchneristas, la Fiscalía también pidió condenas para otras figuras: Luis Segura, expresidente de la AFA (dos años de prisión); Carlos Alberto Pandolfi, ex tesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (un año); Norberto Monteleone, ex gerente del mismo sindicato (un año); y Natale Antonio Rigano, expresidente de Iveco (dos años).
Por el contrario, no hubo acusación contra Gabriel Mariotto, ex coordinador de Fútbol para Todos, ni contra otros directivos de la AFA, de FAA y de entidades financieras involucradas, para quienes se solicitó la absolución.
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El exgobernador chaqueño y dirigente kirchnerista, Jorge Capitanich, reaccionó con críticas furibundas al alegato de la fiscalía: “Fue inconsistente, infundado y conjetural: no se sostiene en las pruebas producidas durante el juicio. Pretender que la Jefatura de Gabinete controlara su destino es absurdo: no tenía facultades ni posibilidad de hacerlo”.
Capitanich incluso sostuvo que el alegato fue “leído de principio a fin”, algo que según él está “prohibido por el Código Procesal”, y acusó a la Fiscalía de buscar “mancillar su nombre” y de ensuciar lo que calificó como una “política pública legítima” que habría democratizado el acceso al deporte. Cerró su descargo asegurando: “Esto no es un alegato jurídico: es el inicio de la campaña política”.
La investigación, impulsada inicialmente por el fiscal Eduardo Taiano, sostiene que los clubes no redujeron sus deudas con la AFIP y que, lejos de fortalecer sus cuentas, aumentaron sus pasivos. Además, la AFA incumplió con las auditorías previstas en el contrato, mientras los fondos eran desviados hacia cuevas financieras mediante el descuento irregular de cheques de pago diferido.
La operatoria permitió que parte del dinero público terminara engrosando las arcas de entidades privadas, dejando a los clubes con menos recursos de los previstos.
Las sospechas también alcanzan a los contratos de sponsoreo entre la AFA, la Jefatura de Gabinete y la empresa Iveco. Desde 2010, la automotriz habría pagado 86 millones de pesos, pero con tarifas un 75% menores al promedio de mercado. Incluso se admitieron pagos en especie —camiones— sin justificación ni licitación, algo que la Auditoría General de la Nación calificó como irregular y sin sustento legal.
Tras los alegatos de la fiscalía, el Tribunal Oral Federal N° 1 —integrado por los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg— fijó un cuarto intermedio hasta el 8 de septiembre, fecha en la que comenzarán las defensas.