La creciente tensión regulatoria entre los gobiernos municipales y las empresas de telecomunicaciones obstaculizan inversiones estimadas en u$s12.600 millones, vitales para la conectividad del país.
Las principales barreras son las exigencias arbitrarias, las elevadas tasas municipales y la negativa a compartir infraestructura, lo que encarece los servicios y afecta la calidad y cobertura para millones de usuarios. Esta disputa resalta la tensión entre la regulación federal de las telecomunicaciones y la autonomía municipal sobre el espacio público.
Intervención federal y precedentes claves
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) tomó medidas recientes para abordar este problema. A mediados de mayo, dictó cuatro resoluciones que obligan al uso compartido de infraestructura.
Un caso notable fue la cooperativa eléctrica de la ciudad de Pehuajó, en el oeste bonaerense, obligada a permitir el uso de sus postes a Mega Sat SRL, un proveedor de Internet local.
De igual forma, Telefónica, Telecom y Telecentro fueron conminadas en la Capital Federal a compartir su infraestructura pasiva. Estas decisiones subrayan la convicción de que la expansión de las redes a nivel nacional requiere una intervención federal directa, ya que las normativas municipales suelen contravenir el marco legal vigente.
Impacto económico y costos para el usuario
Un estudio de la consultora Deloitte de principios de año subraya la urgencia de invertir u$s12.600 millones en infraestructura de telecomunicaciones entre 2025 y 2029. Este monto, crucial para el desarrollo digital argentino, se ve directamente amenazado por los conflictos regulatorios con los municipios.
La complejidad de estas regulaciones se refleja directamente en el costo final para el usuario: más del 40% del abono de Internet corresponde a impuestos y tasas, siendo las municipales especialmente elevadas y discrecionales.
El caso de Pehuajó es paradigmático: la negativa municipal a permitir el acceso a postes para fibra óptica forzó una denuncia y, finalmente, una resolución del Enacom que obligó el uso compartido, sentando un precedente contra prácticas restrictivas.
Durante un encuentro virtual organizado por Convercom, en el que participó iProfesional, Sergio Rossi, uno de los directivos de Fibra Óptica Pehuajó (FOPSA), destacó que el despliegue de infraestructura en Pehuajó solo fue posible tras la intervención del Enacom.
Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, calificó estas prácticas de «ilegales, inconstitucionales y altamente perjudiciales», acusando a municipios de «cerrar las ciudades a la competencia».
En la misma línea, Patricio Seoane, gerente general de Internet Services, denunció «blindajes» regulatorios entre municipios, operadores dominantes y empresas eléctricas que impiden la competencia efectiva.
Jurisprudencia y soluciones pendientes
A pesar de las resoluciones del Enacom y la jurisprudencia favorable, las trabas municipales persisten en muchas ciudades. En 2019, la Corte Suprema declaró inconstitucional una ordenanza de la ciudad salteña de Güemes, que exigía el traslado de antenas por interferir con la competencia federal.
Este precedente se aplicó también en el partido de Esteban Echeverría, en el sur del Gran Buenos Aires, donde multas municipales a Telefónica fueron revocadas. Agustín Garzón, abogado y especialista en telecomunicaciones, enfatizó que la Corte fue clara: los municipios no pueden afectar servicios federales esenciales como las telecomunicaciones.
El desafío de la fragmentación normativa
Uno de los principales retos es la fragmentación normativa y la falta de coordinación entre los niveles federal y municipal. Entre Ríos avanzó con una normativa provincial simplificada y digital, facilitando el despliegue de infraestructura, según Emanuel Gainza, secretario de Modernización de esa provincia mesopotámica.
Sin embargo, Agustín Siboldi, abogado socio del área de derecho público y regulación económica del estudio O’Farrell, especializado en telecomunicaciones, se muestra pesimista ante la «creatividad municipal para trabar», abogando por marcos claros y estandarizados con coordinación nacional.
Desde la industria, se propone una ordenanza federal modelo, de cumplimiento obligatorio para todos los municipios, que establezca reglas claras y uniformes para la compartición de infraestructura.
También se sugiere una «ventanilla única digital» para agilizar trámites y el «silencio administrativo positivo», que otorgaría permisos automáticamente si no hay respuesta en los plazos establecidos. Además, se recalca la necesidad de fortalecer al Enacom con herramientas legales para asegurar el cumplimiento de estas normativas y garantizar un entorno transparente y competitivo.
El despliegue de la tecnología de telefonía móvil de quinta generación (5G) en la Argentina podría generar un impacto económico de u$s302.000 millones para 2035, según Deloitte. Este potencial está seriamente amenazado por el actual marco regulatorio conflictivo.
Es imperativo establecer una solución federal integral que evite litigios constantes y costos millonarios, garantizando reglas claras, permanentes y efectivas para fomentar la competencia y el desarrollo de las telecomunicaciones e inclusión digital en la Argentina.