El Gobierno tomó la decisión de cerrar cinco fondos fiduciarios nuevos, luego de detectar inconsistencias en una auditoria. Desde el estado, se señala el mal uso de recursos, como también la falta de controles y resultados, mediante el Decreto 1048/24 publicado en el Boletín Oficial.
La decisión abarca al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata; el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
¿Cuáles fueron los argumentos del Gobierno para dar de baja a los fondos?
El Ministerio de Economía avanzó con la medida, en el marco de la revisión, saneamiento o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos, debido a que considera que los casos mencionados «registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados». La decisión se habría tomado con base en un informe de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Asimimso, remarcaron que eran necesarias las disoluciones «con el objetivo de resolver las ineficiencias o desvíos encontrados en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales». En lo particular, el FONDCE se dio de baja, ya que en la auditoría se reveló que «tiene debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión», según se mencionó en el texto oficial.
Desde Economía recordaron que fue creado en 2017 con el propósito de financiar emprendimientos, utilizando recursos anuales asignados a través del Presupuesto Nacional o por otras leyes y señalaron que «si bien partió de una finalidad que podía considerarse loable, su implementación ha mostrado serias deficiencias y una progresiva desvinculación de los resultados esperados con el financiamiento comprometido».
Al respecto, indicaron que «uno de los principales problemas radica en el alto nivel de morosidad de las convocatorias reembolsables«, señalando que «al 31 de diciembre de 2023, la morosidad alcanzaba los $70 millones y el 58% de los deudores no había abonado ninguna cuota». Sobre este aspecto, la cartera económica puntualizó que «este incumplimiento por parte de los beneficiarios comprometía la estabilidad financiera del Fondo y la correcta asignación de los recursos fiduciarios».
Con respecto al Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, desde Hacienda precisaron que «se debió a que los recursos colocados en el Fondo excedían siempre sus necesidades operativas» y revelaron que «la SIGEN detectó en su auditoría que las bases de datos no estaban actualizadas y sus registros no tenían soporte confiable, lo cual impedía determinar un universo confiable de deudores y la situación vigente».
En paralelo, también se cerró el PROINE, el cual se creó en 2020 dentro de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, con el fin de invertir en sectores estratégicos para fomentar la generación de empleo y el desarrollo económico.
Economía, fundamentó la eliminación señalando que «tras 4 años desde su creación, no se registraron ingresos de bienes fideicomitidos y tampoco se realizaron operaciones fiduciarias». De esta forma, el Decreto consideró que «ante la falta de funcionamiento, no hay motivos que justifiquen su permanencia«.
Por «múltiples falencias», el Gobierno también eliminó el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que tenía el fin de administrar los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos.
Desde la cartera que maneja Luis Caputo, explicaron que entre las irregularidades «se encuentran los incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata, así como de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos».
Ante la disolución del Fondo, aclararon que el Ejecutivo «conservará los objetivos y finalidades perseguida por la Ley 26.364, y por tanto dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos, mediante las acciones a financiarse a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia, como órgano responsable de tutelar los objetivos previstos en la Ley».
Las disoluciones se completaron con el cierre del PROICSA, el cual se creó en 2012 para promover la competitividad de la industria azucarera del NOA. Este programa contó con la participación del BICE y CAF, cuyo financiamiento concluyó en septiembre de 2020.
Con respecto al mencionado fondo, se consideró que «luego de haber funcionado durante más de una década para atender las acciones que fueron valoradas en su origen, y dado que el financiamiento de la CAF fue agotado hace 4 años, resultó conveniente disolver este Fondo, ahorrando costos y pasando su administración al Ministerio de Economía».
Además, desde Hacienda resaltaron que «en este caso, se repiten las graves falencias observadas en otros Fondos como ausencia de controles y rendiciones de cuentas que impiden verificar resultados acordes a los objetivos comprometidos» y señalaron que «también, se mantenía una administración costosa y una discrecionalidad en los créditos o financiamiento otorgados».