La Paz, 24 oct (EFE).- Los bloqueos de caminos y las marchas son las principales manifestaciones de los conflictos sociales en Bolivia, según el ‘Reporte de Comportamiento Conflictividad’ del tercer trimestre del año que presentó este jueves la Defensoría del Pueblo del país andino.
«Hay que evitar que las situaciones de conflictividad se desborden, que vayan más allá de lo legitimo y lo legal», pidió el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en la presentación del documento en La Paz.
El informe señala que entre julio y septiembre de este año se reportaron 136 hechos de conflictividad como conflictos sociales propiamente (118), alertas tempranas (17) y acuerdos (1), los mismos que se han producido principalmente en los departamentos de La Paz (41), Santa Cruz (29) y Cochabamba (18).
Callisaya precisó que «46 casos han utilizado las marchas (y) 39 casos el bloqueo» como medidas recurrentes de presión en protestas mayoritariamente «de naturaleza económica y de gobernanza».
El defensor del Pueblo dijo que también se identificó que «hay una debilidad del propio Estado en la gestión de la conflictividad que se presenta en el país».
Asimismo, el reporte dice que los derechos vulnerados de forma regular tienen que ver con asuntos económicos y laborales (50), políticos (27), medioambiente (13), propiedad privada (12) y educación (6), entre otros.
La Defensoría del Pueblo reportó en su informe del primer trimestre 103 hechos de conflictividad, mientras que en los siguientes tres meses, entre abril y junio, esa cantidad ascendió a 171.
Callisaya también se refirió al bloqueo indefinido de caminos que los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) iniciaron hace 11 días y que consideró es una acción que «vulnera derechos de diferentes sectores sociales» y está vinculada a la «escasez de productos para las poblaciones de mayor vulnerabilidad».
El funcionario indicó que 32 hogares y casas de acogida de menores y adultos mayores reportaron la falta de provisiones de alimentos debido a los bloqueos que se concentran principalmente en Cochabamba (centro) principal bastión político del exmandatario.
La protesta impide la conexión de vías entre el occidente y el oriente del país, por lo que muchos vehículos han quedado estancados sin poder circular.
El defensor también advirtió sobre la presencia de «grupos paraestatales que estuvieran actuando en ciertos lugares de bloqueos» junto a la Policía, así como «la existencia de uso de armas de fuego» por parte de los bloqueadores.
Callisaya señaló que «el Estado está llamado a la investigación correspondiente» sobre este aspecto.
Otro asunto es el «recurrente perjuicio y obstaculización a la labor periodística» en el conflicto, por lo que anunció un reclamo ante la relatoría especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas, dijo.
Además, alertó sobre la «judicialización de las protestas» y los anuncios de «movilizaciones ciudadanas» para desbloquear las carreteras y generar una «contraprotesta» que podría generar mayor tensión.
Los seguidores de Evo Morales mantienen veinte puntos de bloqueo en el centro del país, mismos que se instalaron para exigir que el Gobierno de Luis Arce retire los procesos por trata de personas y estupro contra el también líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
Esa movilización también reclama por la actual situación económica del país marcada por el encarecimiento de alimentos, la falta de dólares, la irregular provisión de combustibles y el respeto a un congreso del MAS afín al examandatario en 2023 que declaró a Morales «candidato único» para las elecciones nacionales del próximo año. EFE