A primera vista, parecen los dos paĂses mĂĄs diferentes en la regiĂłn: mientras en Argentina se festejĂł ruidosamente el haber quebrado la barrera de los 1.000 puntos del Ăndice de riesgo paĂs y se habla de conseguir una calificaciĂłn crediticia «investment grade» como de una utopĂa, en Uruguay hace tiempo que ese Ăndice cayĂł debajo de los 100 puntos, y los bancos se pelean por prestarle dĂłlares.
Hace poco mĂĄs de un mes, el gobierno uruguayo colocĂł un bono por u$s1.298 millones, para el cual tuvo una demanda tres veces y media mĂĄs grande que el monto solicitado. El vencimiento es en 2060 y el spread pagado sobre la tasa de los bonos del Tesoro estadounidense fue el mĂĄs bajo de la historia del paĂs.
Semejante contraste hace que sea difĂcil imaginarse que, en la campaña electoral, uno de los temas de mayor preocupaciĂłn sea una sĂșbita pĂ©rdida de la confianza del mercado financiero. Y, menos aĂșn, que esa inquietud estĂ© asociada a una «influencia kirchnerista» sobre la polĂtica uruguaya.
Sin embargo, esa es la situaciĂłn, porque junto con la votaciĂłn de candidatos presidenciales que se realizarĂĄ el domingo, habrĂĄ un plebiscito para reestatizar el sistema jubilatorio, que actualmente es de capitalizaciĂłn individual con administradoras privadas, similares a las AFJP que rigieron en Argentina hasta 2008, cuando Cristina Kirchner propuso al Congreso la vuelta al sistema pĂșblico de reparto.
Elecciones y plebiscito por el sistema jubilatorio en Uruguay
La carrera presidencial de este domingo en Uruguay difĂcilmente deje a un candidato con la mitad mĂĄs uno de los votos que se requiere para ganar en primera vuelta, de manera que hay una expectativa generalizada de que se deberĂĄ esperar al balotaje de noviembre para conocer al presidente que suceda, por un perĂodo de cinco años, a Luis Lacalle Pou.
En cambio, el plebiscito sobre el sistema jubilatorio se definirĂĄ este mismo domingo. Y hay una situaciĂłn llamativa: por mĂĄs que la gran mayorĂa de los candidatos se manifestaron en contra de la reforma -incluyendo al izquierdista YamandĂș Orsi, del Frente Amplio, que lidera las encuestas-, se mantienen ciertas probabilidades de que la reforma triunfe.
Las encuestas marcan todavĂa un amplio 14% de indecisos, que si se suman al 38% que ya avisĂł que votarĂĄ favorablemente, podrĂan determinar un cambio drĂĄstico en la economĂa uruguaya. SupondrĂa, para empezar, que una masa de u$s24.000 millones -equivalente a un 30% del PBI del paĂs- pasarĂa de la gestiĂłn privada a ser administrada por el Estado.
El peso del sistema jubilatorio en Uruguay
Con una de las tasas de natalidad mås bajas de la región -al punto de que la población se mantiene estancada desde hace mås de tres décadas en torno de 3,5 millones de habitantes-, Uruguay tiene una piråmide poblacional envejecida, similar al de naciones europeas.
Si se suman jubilaciones y pensiones, son unos 800.000 beneficiarios del sistema de seguridad social. Es decir, un 22% de la poblaciĂłn. En comparaciĂłn, Argentina tiene un 18% de pasivos.
HistĂłricamente, uno de los mayores dolores de cabeza para los polĂticos uruguayos fue resolver el «problema» de la caja estatal de jubilaciones, que significaba el principal factor del gasto pĂșblico y del dĂ©ficit fiscal.
Una primera reforma se implementĂł en 1996, cuando se crearon las AFAP (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional), que igual que las AFJP argentinas, tomaban el modelo que habĂa inaugurado Chile en los años 80. El sistema, sin embargo, era diferente del argentino, porque implicaba un funcionamiento mixto, en el que hasta determinado monto de la jubilaciĂłn se seguĂa cobrando del Estado, y por encima de ese nivel habĂa un plus pagado por las AFAP.
Pero claro, el hecho de que se adoptara el sistema de capitalizaciĂłn individual con administraciĂłn privada no resolviĂł otros problemas estructurales, derivados de la situaciĂłn demogrĂĄfica y de la informalidad laboral. Las AFAP debieron fusionarse para sostener su funcionamiento y el peso del sistema sobre la economĂa siguiĂł siendo alto.
Fue asĂ que, ya con Lacalle Pou como presidente, se impulsĂł una nueva reforma, que aumentĂł la edad jubilatoria en un rĂ©gimen progresivo. AsĂ, para quienes hoy tienen 47 años, ya regirĂĄ la nueva edad de retiro a los 65 años. AdemĂĄs, la reforma permite que los jubilados puedan, simultĂĄneamente, seguir trabajando para complementar su ingreso.
Esa reforma fue aprobada por ley, sin los votos de la oposiciĂłn izquierdista. Aun asĂ, los principales dirigentes del Frente Amplio, incluyendo al candidato YamandĂș Orsi y a su padrino polĂtico, el expresidente JosĂ© Mujica, se oponen al plebiscito. Con la asesorĂa de sus economistas, advirtieron que la propuesta que se vota este domingo tiene el potencial de generar «un caos».
La avanzada sindical
ÂżCĂłmo es, entonces, que con tan poco apoyo polĂtico el tema haya ocupado el centro de la agenda polĂtica? Para empezar, Uruguay tiene una larga tradiciĂłn de plebiscitos y referĂ©ndums, un tipo de democracia directa en el que cualquier sector puede impulsar propuestas mediante la presentaciĂłn de un determinado nĂșmero de firmas.
En este caso, la central sindical PIT-CNT fue la impulsora de la contra-reforma. El movimiento empezĂł, ni bien el parlamento uruguayo votĂł la ley, y no solamente se propuso dejar sin efecto las modificaciones al sistema, sino directamente abolir las AFAP y volver al viejo sistema estatal de reparto, sin participaciĂłn alguna de administradoras privadas. Alega que el sistema ha agudizado la desigualdad social y que sin la intermediaciĂłn de las AFAP se gestionarĂa con mayor eficiencia los recursos de la seguridad social, gracias al ahorro en comisiones financieras.
El PIT-CNT tiene una fuerte influencia dentro del Frente Amplio, al punto que Fernando Pereira, el actual presidente del partido, fue anteriormente titular de la central sindical. Los analistas polĂticos afirman que los sindicatos tienen en la coaliciĂłn de izquierda una influencia que va mĂĄs allĂĄ de lo electoral y que cuentan con una capacidad de presiĂłn suficiente como para imponer su agenda polĂtica.
Es por ese motivo que Orsi, aunque avisó que no votarå el plebiscito, dejó «en libertad de acción» a la militancia. Una forma de evitar el conflicto directo con el aparato sindical.
AdemĂĄs, hay sectores de la izquierda que se han mostrado mĂĄs ambiguos. AsĂ, la ex intendente de Montevideo, Carolina Cosse, ahora candidata a vicepresidente, habĂa firmado para que se realizara el referĂ©ndum. Sus crĂticos suelen «acusarla» de aplicar a la polĂtica uruguaya prĂĄcticas propias del kirchnerismo, en el sentido de que no demuestra un alto grado de respeto por la institucionalidad.
El riesgo de perder la confianza del mercado financiero internacional
En la vereda de enfrente, hay dirigentes polĂticos que ven en esta situaciĂłn un riesgo de que Uruguay se vea tentado de subirse a la corriente de gobiernos populistas de la regiĂłn y poner en riesgo su reputaciĂłn en el mercado financiero internacional al afectar derechos de propiedad.
Uno de los mĂĄs explĂcitos al respecto fue el dos veces presidente Julio MarĂa Sanguinetti, que suele ser frecuentemente convocado para conferencias y entrevistas en Argentina.
«Que acĂĄ hagamos lo que hizo el kirchnerismo en 2008 es funesto. Para la dimensiĂłn econĂłmica del Uruguay, si para cualquier paĂs vale la credibilidad para nosotros vale el triple. El Uruguay vive de la confianza, vive de la estabilidad», dijo Sanguinetti en una entrevista concedida a ClarĂn.
También el presidente Lacalle Pou advirtió: «Si se aprueba el plebiscito crece exponencialmente esa posibilidad de no ser sostenible el sistema». Y dijo que los promotores de la reforma no explican cómo se financiarå el sistema jubilatorio «porque no lo pueden hacer».
Mientras tanto, en el ĂĄmbito empresarial, los directivos de firmas constructoras advirtieron que hay riesgo de un desplome de la actividad, dado que parte del dinero que administran las AFAPs se invierte en proyectos de vivienda e infraestructura vial.
En caso de que se imponga la reforma impulsada por los sindicatos, no solo se estatizarĂa el sistema, sino que, ademĂĄs, la jubilaciĂłn mĂnima se igualarĂa con el salario mĂnimo. Desde el gobierno, estiman que la financiaciĂłn de la reforma costarĂa mĂĄs de u$s1.000 millones al año y adelantan que resultarĂa inevitable la suba de impuestos.
Pero, sobre todo, la principal advertencia es sobre la pĂ©rdida de confianza de Uruguay en el mercado internacional. Adelantan que podrĂa haber juicios por ruptura de contratos y que el paĂs correrĂa un serio riesgo de perder su actual condiciĂłn de «investment grade».
En definitiva, cuando los polĂticos uruguayos que se oponen al plebiscito jubilatorio quieren ilustrar su argumento con un ejemplo concreto, tienen a mano un recurso ya clĂĄsico: muestran el estado de las cosas en la vecina Argentina.