Empieza el segundo round. El presidente Javier Milei admitió que perdió el primero, aunque le quedó la «victoria moral» de que los diputados y gobernadores preocupados por perder privilegios hayan «dejado marcados los dedos». Y, para la segunda parte, espera tomarse su revancha: eliminar por la vía del decreto la mayor parte de fideicomisos que no logró tachar en el debate de la ley ómnibus.
El diseño de la estrategia empieza hoy, con el análisis legal-técnico para determinar cuáles, de los 29 fondos fiduciarios, son pasibles de ser derogados por decreto. A su regreso de la gira por Israel y Roma, eufórico por la atención internacional que genera su figura, Milei dejó en claro que redoblaría la apuesta, con la ya célebre frase: «la licuadora y la motosierra no se negocian».
De la parte de la licuadora se está encargando eficientemente la dupla Caputo-Bausili, que entre la emisión de bonos Bopreal y el rollover de la deuda del Tesoro han logrado reabsorber los pesos que se volcaron al mercado por la compra de dólares. Esa es la señal que los mercados interpretaron favorablemente y que llevó a que se moderara tanto la inflación como la cotización de los dólares.
En cambio, la parte de la motosierra es la que genera más dudas. Porque si bien los números fiscales de enero muestran un superávit, la realidad es que el grueso de ese logro se basó en una situación insostenible para el futuro cercano: la licuación de las jubilaciones, de los salarios públicos y de los programas sociales. Las jubilaciones, en particular, sufrieron un recorte de 32,5% interanual en enero, y el propio Milei adelantó que se pondrán en práctica mecanismos de compensación.
De manera que, para que el mercado termine de creer que la «motosierra» tendrá un asidero de reforma estructural y no apenas de la coyuntura de una caída en el ingreso de la población, se necesita un recorte en rubros pesados del presupuesto. Pesados como para representar, por ejemplo, más de un punto del PBI.
Y es ahí donde los fondos fiduciarios se llevan todas las fichas para el recorte. No sólo representan un monto capaz de compensar por la pérdida de ingresos que el gobierno tenía previstos en la ley ómnibus, sino que además tienen un marketing político adecuado, que facilita su recorte: fueron etiquetados desde hace tiempo como «las cajas negras de la política».
La propaganda política de Milei en las redes destacó que el rechazo a la ley ómnibus había dejado al descubierto la defensa de intereses económicos sectoriales
Javier Milei y la batalla fiscal y cultural
Lo cierto es que estos fondos, creados para financiar fines específicos, y que muchas veces no están comprendidos por las mismas exigencias de auditoría y rendición de cuentas que otras partidas presupuestales, se comportan a veces como entes autárquicos. Y, lo más importante, están íntimamente ligadas a los esquemas de funcionamiento financiero de muchas provincias «rebeldes» que obstaculizaron el avance de la ley ómnibus.
Milei está decidido a avanzar, y tiene varios incentivos para ello. El primero, naturalmente, es el fiscal, porque le permitirá compensar la pérdida de otras fuentes de recursos, de manera de no poner en riesgo su cometido de «déficit cero».
Pero, además, hay una motivación política, porque supone para el presidente levantar la apuesta en su conflicto con los gobernadores provinciales, a los que está urgiendo a que asuman su parte del costo político por el ajuste.
Esa es, en definitiva, la «batalla cultural» que se esconde detrás de la bizarra pelea entre Milei y Lali Espósito por las exenciones impositivas del Cosquín Rock.
Milei ya decidió que él no repetirá el error que muchas veces el ex ministro Domingo Cavallo admitió como autocrítica: haber llevado a la nación a un ajuste sin que las administraciones provinciales dieran muestras de un esfuerzo similar.
Es por eso que, ni bien caída la ley en la cámara de Diputados, los comunicados oficiales apuntaron directamente contra los gobernadores como responsables de la situación de empantanamiento político.
Era, en realidad, una situación que todos en el ámbito político veían venir. Los gobernadores, después de haber apoyado, en plena campaña electoral, la derogación del Impuesto a las Ganancias para los asalariados de nivel medio y alto, no quisieron asumir el costo de reinstaurar ese mismo tributo. Pero no lograron conmover a Milei cuando le pidieron una compensación por la vía de coparticipar el impuesto al Cheque o el impuesto PAIS.
Para Milei, son dos pedidos inadmisibles. Y por eso hizo un planteo crudo: si los gobernadores creen que el gobierno los compensará por el billón de pesos que dejará de ingresar por la coparticipación de Ganancias, están equivocados. Tendrán que ajustar sus gastos locales, lo que podría implicar una verdadera declaración de guerra fiscal.
Pero la cosa no termina allí: si se eliminaran las «cajas negras» en su totalidad, habría entonces se terminaría compensando la porción del impuesto a las Ganancias que deje de entrar a la caja de la AFIP.
La pelea Milei-Lali Esposito, un síntoma de la batalla cultural sobre el gasto político en las provincias
El resto de los ingresos que cayeron en la ley -como las retenciones a la exportación el adelanto de Bienes Personales, en el marco de la nueva moratoria y blanqueo de capitales, totalizarían 1,8% del PBI, si se suman al ingreso por Ganancias.
A eso, Milei quiere contraponer el recorte de las transferencias discrecionales -que el año pasado equivalió a $2 billones, algo así como un punto del PBI.
En definitiva, si se ejecutan los recortes presupuestarios que tiene en mente el ministro Toto Caputo y, además, se agrega el recorte de parte de los fideicomisos, se estaría cumpliendo el objetivo de compensar, tal vez con creces, la pérdida de ingresos de la ley ómnibus.
Los fideicomisos, bajo la lupa
Lo que viene ahora es el análisis técnico-jurídico, y probablemente una pelea en las sedes judiciales. No todos los fideicomisos son iguales, varios fueron creados por ley y eso significa que no todos están «a tiro de decreto».
En principio, el dato que se filtró desde el gobierno es que, por lo menos, diez de las 29 «cajas negras» podrían ser tachadas por el presidente.
Destinados en su mayoría a financiar obras públicas específicas o subsidiar energía y transporte, el paquete de fideicomisos incluye desde fondos más conocidos como el «Procrear» para la construcción de viviendas familiares o «de Infraestructura Hídrica», a los de «Integración Socio Urbana», «Manejo del Fuego», «Estabilizador del Trigo Argentino», «para el Desarrollo Provincial» o «para la Recuperación de la Actividad Ovina», entre otros.
El Gobierno asegura que eso fondos que funcionan bajo las órbitas de los bancos Nación (BNA), de Desarrollo Argentino (BICE) e Hipotecario, lo hacen sin controles.
La Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN) sólo controlaron a 12 de ellos durante las últimas décadas, algunos en una sola ocasión y hace más de 10 años, en tanto que los responsables directos de varios fideicomisos retacean hasta datos básicos de gestión que deberían ser de acceso público, incluso a la Secretaría de Hacienda.
Así, resulta un misterio cómo se gasta ese billón y medio de pesos del «Sector Público Nacional No Financiero». Se desconocen, incluso, quiénes integran sus consejos de administración, cuáles son sus nóminas de personal y cómo se las seleccionó, a qué empresas contrató cada fondo y como se las evaluó, o cómo alocaron las partidas y por qué, entre otras preguntas sin respuestas oficiales y de acceso público.
Procrear, destinado a la construcción de vivienda, es uno de los fideicomisos que manejan mayor cantidad de recursos
Sí se sabe, sin embargo, que los fondos fiduciarios suelen reportar saldos positivos, y así ocurrió incluso en años en que las cuentas públicas terminaron en rojo. Pero en vez de girarse sus excedentes a rentas generales para reducir el déficit fiscal –y, por tanto, acotar la emisión monetaria o el endeudamiento del Estado nacional-, esos remanentes quedaron dentro de los fondos.
Al tope de la tabla de los que más dinero transfirieron entre y septiembre de 2023 figuran:
* Sistema de infraestructura de transporte (FFSIT): transfirió $417.398 millones
* Para la vivienda social (Fogaviso): transfirió $165.482 millones
* Para el Subsidio a los Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (ley 26.020): transfirió $98.260 millones.
* Procrear: transfirió $82.715 millones durante el período bajo la lupa.
* De Desarrollo Productivo (Fondep): transfirió $58.489 millones bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y con el BICE como fiduciario.
* De Integración Socio Urbana (FISU): transfirió $58.010 millones. Comenzó a funcionar en 2021, para preservar la propiedad fiduciaria de los inmuebles identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
* De Consumo Residencial de Gas (ley 25.565): transfirió $52.334 millones.
* De Infraestructura Hídrica: transfirió $49.906 millones durante ese período,.
* Del Servicio Universal: transfirió $14.406 millones. Se creó en 2014 para financiar la prestación universal de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
A esos fondos se suman otros quince que transfirieron más de $28.811 millones durante el mismo período, más otros seis sin datos disponibles sobre movimiento de dinero durante 2023.