La Ley de Convertibilidad del Austral fue una norma monetaria que estableció una equivalencia entre el peso y el dólar.
Se llevó a cabo durante la presidencia de Carlos Menem.
Formó parte de lo que popularmente se conoció como el “uno a uno”.
Fue aprobada en 1991 por el Congreso argentino, por iniciativa del ministro de Economía Domingo Cavallo.
La ley establecía a partir del 1 de abril de 1991 una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la estadounidense.
Un dólar pasaría a equivaler 10 mil australes o posteriormente un peso convertible.
Exigía la existencia de respaldo en reservas de la moneda circundante, por lo que se restringía la emisión monetaria al aumento del Tesoro Nacional.
El gobierno de Carlos Menem llevó adelante desde 1990 un replanteo integral de la organización económica.
Esto incluyó la apertura generalizada al comercio exterior y al movimiento de capitales, la desregulación económica, la privatización de empresas públicas, la reducción del Estado y la reorganización del sistema tributario.
A partir de la convertibilidad, el Banco Central se convirtió en una virtual caja de conversión con la obligación de respaldar a cada peso en circulación.
En 1995 se produjo una interrupción repentina de las entradas de capital como resultado de la crisis en México.
Esto provocó una recesión en el país, que se recuperó en un año sin ninguna alteración de las reglas de juego.
La industria metalúrgica junto con la textil y la de calzado fueron los sectores más castigados a partir de diciembre de 1994 cuando se decide aumentar el impuesto interno IVA del 18 al 21 por ciento.
Con un tipo de cambio fijo y la presión impositiva en alza, estos sectores no pudieron hacer frente a productos de bajo costo que llegaban de otros países.
Durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad, debido al crecimiento exponencial de la deuda, el gasto público pasó de 46 mil millones de dólares en 1991 a 82 mil millones de dólares en 2001.
Se trató de un constante y creciente déficit fiscal.
Mientras que la pobreza pasó del 28,9 al 35,4 por ciento.
En diciembre de 2001 Domingo Cavallo anunció, con el fin de contrarrestar la fuga de capitales, una restricción al retiro de depósitos bancarios, denominada popularmente como «Corralito».
Los comerciantes registraron caídas de ventas del 50 por ciento.
Importadores y exportadores se encontraron con dificultades para cobrar y pagar.
La reacción popular fue muy negativa, especialmente de la clase media.
El 20 de diciembre, a los saqueos y desmanes se sumó un cacerolazo generalizado y marchas de miles de personas autoconvocadas que reclamaban la renuncia de Fernando De La Rúa, quien abandonó su cargo ese mismo día.
Luego de sucesivas renuncias en la presidencia, Eduardo Duhalde fue elegido por la Asamblea Legislativa y asumió el 2 de enero de 2002.
Su medida central sería la salida del plan de convertibilidad.
El 6 de enero de 2002 el Congreso aprobó el Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo y derogó sus aspectos esenciales.
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por Radio Perfil
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