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sábado, 10 octubre, 2026
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El Gobierno reglamentó la ley de Inocencia Fiscal II y ARCA prorrogó la presentación de Ganancias hasta el 30 de octubre

La reglamentación de la Ley 27.826 elimina los topes de ingresos y patrimonio para acceder al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y activa el ‘tapón fiscal’. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero extendió el plazo para presentar declaraciones juradas.

El Gobierno oficializó la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal II (Ley 27.826), que amplía el universo de contribuyentes habilitados para ingresar al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y activa el esquema de protección frente a inspecciones conocido como «tapón fiscal». La publicación en el Boletín Oficial se produjo un día hábil antes del vencimiento para la presentación de declaraciones juradas.

La norma, sancionada por el Congreso en septiembre, elimina por completo las restricciones de ingresos (que antes eran de $1000 millones) y de patrimonio (fijadas en $10.000 millones) que limitaban el acceso a la modalidad simplificada. Además, define qué se considerará una «discrepancia significativa» para impugnar declaraciones: esta figura se configurará cuando la diferencia determinada por ARCA resulte en un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos impositivos no inferior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

La ley también establece reducciones automáticas del 25% en determinadas multas por incumplimientos formales para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), personas humanas y entidades sin fines de lucro, siempre que no califiquen como Grandes Contribuyentes Nacionales.

En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso mediante la Resolución General 5911/2026 una prórroga que traslada la fecha límite para la presentación de declaraciones juradas hasta el 30 de octubre. La medida busca evitar un cuello de botella con los contribuyentes.

Según el texto oficial, la Unidad de Información Financiera (UIF) cuenta con 15 días hábiles para dictar su normativa específica, mientras que ARCA dispone de 30 días para emitir las resoluciones operativas sobre la reducción de multas.

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