Un proyecto de reforma electoral en el Senado eliminaría la obligatoriedad de los debates presidenciales. Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a los senadores preservar las disposiciones que los regulan.
El proyecto de Reforma electoral integral que se trata en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado propone, en su artículo 30, sustituir íntegramente el capítulo del Código Electoral Nacional denominado ‘De la campaña electoral y el debate presidencial obligatorio’, reemplazándolo por uno referido únicamente a la campaña electoral.
De aprobarse esa redacción, quedarían fuera del Código los artículos que establecen la obligatoriedad, organización, realización, transmisión y autoridad de aplicación de los debates presidenciales surgidos de la ley sancionada en 2016.
Las organizaciones sociales Argentina Debate, Fundación Avina, Cippec, Club Político Argentino, Constituya, Directorio Legislativo, Integridad Republicana, Poder Ciudadano y Ser Fiscal enviaron a los senadores integrantes de aquella comisión una petición con el fin de preservar las disposiciones que regulan el debate presidencial obligatorio y adecuar únicamente aquellas que hoy remiten a las PASO.
Entre los argumentos expuestos, las organizaciones sostienen que el debate no es un derecho de los candidatos, sino de los ciudadanos. Afirman que se convierte en un bien público, ya que permite a la ciudadanía escuchar y comparar propuestas en un mismo espacio, bajo reglas comunes y en igualdad, lo que vale tanto para que los candidatos se expresen como para que el acceso de los ciudadanos esté asegurado a partir de una transmisión pública, gratuita y federal.
Las organizaciones remarcan también que el debate fortalece la rendición de cuentas, ya que obliga a los candidatos a explicitar públicamente posiciones, prioridades y compromisos, dejando un registro que la ciudadanía puede contrastar durante el ejercicio del gobierno.
El primer debate presidencial fue organizado en 2015 por entidades de la sociedad civil nucleadas en Argentina Debate, del cual participaron los candidatos Mauricio Macri (Cambiemos), Sergio Massa (UNA), Margarita Stolbizer (Progresistas), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) y Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal). Daniel Scioli (Frente para la Victoria) no participó. Para el debate realizado previamente al balotaje, Scioli sí se presentó a debatir con Macri.
Esa experiencia promovió la ley que estableció el carácter obligatorio de los debates y puso en manos de la Cámara Nacional Electoral su organización, tal como sucedió en las elecciones de 2019 y 2023.
La norma fija dos debates antes de la elección de primera vuelta y uno más en caso de realizarse el balotaje. La Cámara Nacional Electoral incorporó una pregunta propuesta por la ciudadanía a través de un mecanismo de consulta, garantizó que uno de los debates se organizara fuera de la ciudad de Buenos Aires y aseguró que en la selección de los periodistas moderadores hubiera equidad de género y equilibrio entre profesionales de medios nacionales y provinciales.
La Argentina está a la vanguardia junto a México -que modificó el Código Electoral incorporando los debates en 2014- en formalizar estas instancias de intercambio entre candidatos. En Colombia hay debates frecuentes y se ha debatido introducir la obligatoriedad al igual que en España, donde son obligatorios en algunas comunidades autónomas. En las democracias consolidadas, los debates presidenciales son parte de la contienda electoral desde hace décadas como en Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Portugal.
Las organizaciones sostienen que los debates reducen la dependencia exclusiva de la publicidad política y que el intercambio de argumentos saca a la campaña electoral del eslogan y la lleva a la discusión de políticas públicas y modelos de país generando agenda mediática.
El texto de la petición concluye: ‘El Congreso no debe aprobar la eliminación. Debe mantener obligatoria esta instancia clave para promover el amplio conocimiento sobre el pensamiento y las propuestas de cada candidato. Haber recuperado la democracia no implica que hayamos aprendido a ser demócratas. El debate presidencial obligatorio y su proceso de preparación es un espacio de aprendizaje cívico que hace más demócratas a ciudadanos y candidatos. Convertirlo en optativo o eliminarlo sería fomentar la ignorancia cívica’.