Mediante el Decreto 1107/2026, el Estado nacional autorizó la venta del 65,01% de la Termoeléctrica Manuel Belgrano y del 68,83% de la Termoeléctrica José de San Martín. La central Guillermo Brown se licitará después de septiembre. Las empresas privadas que ya operan las plantas tienen derecho de preferencia.
El Gobierno nacional oficializó la puesta en venta de tres centrales termoeléctricas con el objetivo de recaudar más de US$ 800 millones. La medida fue formalizada a través del Decreto 1107/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La normativa autoriza a la empresa estatal Enarsa a desprenderse del 65,01% de sus acciones en la Termoeléctrica Manuel Belgrano, ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, y del 68,83% de la Termoeléctrica José de San Martín, en Timbúes, provincia de Santa Fe. Ambas plantas, de tecnología ciclo combinado, cubren en conjunto cerca del 10% de la demanda eléctrica del país.
El origen de esta estructura accionaria se remonta a 2004, cuando el Estado creó el fondo Foninvemem para canalizar acreencias del mercado mayorista hacia la construcción de plantas. De esa forma, las generadoras privadas quedaron como accionistas minoritarias. Los fideicomisos que administraban las usinas de Campana y Timbúes vencieron el 1° de junio, lo que habilitó legalmente la venta.
La tercera central incluida en el proceso es Guillermo Brown. Su fideicomiso vence el 30 de septiembre, por lo que Enarsa debe primero adquirir formalmente al menos el 70% de las acciones antes de licitarla a través de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Según informó el Gobierno, esta operación se suma a otras dos desinversiones previas: la venta de la participación estatal en Transener, que reportó US$ 356 millones, y las concesiones de las hidroeléctricas del Comahue, que generaron US$ 707 millones.
El proceso de venta enfrenta condiciones específicas. Los estatutos de las sociedades otorgan a los actuales accionistas privados —entre ellos Pampa Energía, Central Puerto y AES— un derecho de preferencia para igualar o mejorar ofertas de terceros. Además, los pliegos definitivos aún deben definir si se incluye una cláusula que excluya a empresas extranjeras de capital estatal, medida que ya se aplicó en otras licitaciones del sector.
El decreto no contempla un programa de propiedad participada para los empleados de las centrales, a diferencia de las privatizaciones de la década de 1990.