El exsenador Edgardo Kueider continúa con prisión domiciliaria en Paraguay por tentativa de contrabando. La Corte Suprema avaló que sea investigado en paralelo por la Justicia Federal de San Isidro y el Juzgado de Garantías de Concordia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la investigación sobre el exsenador Edgardo Kueider continúe en simultáneo en la Justicia Federal de San Isidro y en el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia. El fallo avaló la solicitud del ámbito provincial y se basó en la recomendación de la Procuración General de la Nación.
Kueider se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en Paraguay desde diciembre de 2024, luego de ser detenido cuando intentaba ingresar a ese país con más de u$s200.000. La Justicia paraguaya ratificó en julio el cumplimiento de condenas por lavado de dinero y una condena de dos años en suspenso por tentativa de contrabando. La Fiscalía de ese país sostiene que Kueider y su secretaria, Iara Guinsel, habrían utilizado empresas de pantalla para adquirir seis departamentos de lujo y cocheras en Asunción.
En Argentina, la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro, investiga a Kueider por cohecho, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario, lavado de dinero y sobornos pagados por la empresa de seguridad privada Securitas a diversos organismos públicos, entre ellos ENERSA, donde se desempeñó como funcionario. La magistrada había solicitado la extradición y la prisión preventiva domiciliaria del exsenador.
En paralelo, el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia tramita un expediente por enriquecimiento ilícito, por el aumento patrimonial registrado entre 1999 y 2019, período en el que Kueider ejerció cargos municipales y provinciales en Entre Ríos. Arroyo Salgado había reclamado que el juzgado provincial se abstuviera de investigar el período 2015-2019 por riesgo de doble persecución penal. Ante el rechazo provincial, el caso llegó a la Corte Suprema.
La Procuración General de la Nación recomendó mantener la investigación en ambos fueros. El organismo sostuvo: «Dado que un incremento patrimonial puede tener las más diversas causas y, en el caso de que sean ilícitas, puede tratarse de conductas realizadas por el funcionario público en cualquier momento, de manera simultánea o sucesiva, y adecuadas a distintas figuras penales —como bien observó la jueza federal— no parece aconsejable, en esta etapa inicial del proceso, cercenar el alcance de la investigación que la justicia provincial está llevando a cabo».
El dictamen agregó: «Si bien es comprensible la inquietud de la jueza federal por el riesgo de doble juzgamiento —ya que dentro de su marco teórico el enriquecimiento ilícito es entendido como una figura subsidiaria que quedaría desplazada si se lograra la condena por el delito que habría producido el aumento patrimonial—, considero que no es un planteo prematuro de inhibitoria el remedio adecuado; sin embargo, este ha cumplido, a su manera, como una fehaciente puesta en conocimiento del órgano local de lo que es materia de juzgamiento en el fuero federal».
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron con ese criterio. La Procuración también indicó que el Juzgado entrerriano no debe lesionar el principio del doble juzgamiento «a medida que la averiguación de los hechos arroje mayor claridad y precisión».