Arauco Energía SAPEM, accionista estatal provincial, firmó el 26 de enero de 2026 un acuerdo de compraventa por las 546.576.157 acciones de la sociedad. El balance registró activos por $670,4 millones al 31 de diciembre de 2025.
La administración de Ricardo Quintela acordó desprenderse de la totalidad de Chamical Solar I, una sociedad que había sido capitalizada bajo control estatal hasta alcanzar $546,5 millones y que posee un contrato de abastecimiento eléctrico nominado en moneda extranjera por 15 años, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
La operación quedó asentada en los estados financieros de la compañía aprobados por su directorio. El documento registró que Arauco Energía SAPEM, accionista de control provincial, formalizó el 26 de enero de 2026 un acuerdo de compraventa por las 546.576.157 acciones ordinarias que integraban el ciento por ciento del paquete accionario.
Al 31 de diciembre de 2025 la empresa tenía activos totales por $670,4 millones y un patrimonio neto de $559,5 millones.
Chamical Solar I fue constituida para desarrollar un parque fotovoltaico de ocho megavatios en el departamento Arauco. Su principal respaldo comercial es un contrato de abastecimiento de energía por 15 años, mientras que la sociedad fue diseñada para producir, vender y comercializar electricidad en el mercado mayorista.
Durante 2025, el capital social pasó de $30 millones a $546,5 millones mediante dos aportes: uno por $124,1 millones y otro por $392,4 millones. Los estados contables consignaron, además, $549,5 millones en propiedad, planta y equipo; $110,9 millones en deudas comerciales y otras obligaciones; y una pérdida del ejercicio de $7,7 millones.
El acuerdo estableció un plazo de 90 días hábiles para el cierre, sujeto a condiciones precedentes. Aun con esa cláusula, el acto central ya estaba consumado en el documento societario: Arauco Energía había firmado la compraventa por la totalidad de las acciones.
La sociedad acumuló obra, capital y un contrato de ingresos futuros antes de que el accionista estatal acordara cederla. La provincia asumió la etapa de capitalización y montaje, mientras la explotación futura quedó encaminada hacia el sector privado.
La definición contrasta con la defensa que el gobierno riojano hizo durante años de sus SAPEM como herramientas estratégicas de desarrollo y generación de recursos propios.