El Ejecutivo envió un presupuesto de 7,3 billones de pesos para las universidades públicas, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional estima que se necesitan 11 billones. La diferencia se centra en la interpretación de la ley de Financiamiento Universitario y una cautelar judicial.
La disputa entre el Gobierno nacional y los rectores de universidades públicas por el presupuesto 2027 tiene aspectos políticos y también de cálculo. No hay acuerdo sobre cómo determinar el aumento para cumplir con la ley de Financiamiento Universitario. El Ejecutivo envió un proyecto de presupuesto de 7,3 billones de pesos que ya comenzó a discutir la Cámara de Diputados. Los rectores sostienen que esos fondos no garantizarían el funcionamiento de las casas de altos estudios en 2027 y estimaron que se necesitan unos 11 billones de pesos, incluyendo la ejecución de lo establecido por la norma aprobada por el Congreso y vetada por Javier Milei.
En el oficialismo, en cambio, afirman que el cálculo de recursos para 2027 que anunció este miércoles el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un encuentro con diputados y senadores es «injustificado» porque incluiría «la interpretación de los sindicatos de los aumentos y la vigencia total de la ley de Financiamiento cuando la cautelar (judicial) sólo autorizó los ajustes en becas y salarios». Además, señalaron que «con el incremento (salarial) del 3% de octubre estamos 1,15% arriba de lo que plantea» el fallo judicial.
Los voceros gubernamentales se refieren a la cautelar dictada en diciembre por el juez en el Contencioso Administrativo Martín Cormick, que ordenó al Ejecutivo cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Para los rectores, se «dilata» su cumplimiento porque los abogados del Estado presentan escritos que impiden el pago de los fondos correspondientes.
En diálogo con Clarín, Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), sostuvo que «esperamos que avance la sentencia por la cuestión de fondo de nuestro reclamo. Hace unos días presentamos un pronto despacho al juez porque la cautelar está firme y no se cumple». La cuestión de fondo, a consideración del juez, es la demanda del CIN contra el decreto de Javier Milei que promulgó la ley de Fondos pero suspendió su aplicación (los pagos) aduciendo que no tiene los recursos y no se define fuente de financiamiento.
Por otra parte, los abogados de Capital Humano y la Procuración del Tesoro presentaron escritos en los que aseguran que los «números» que están pagando están en camino de cumplir la ley. Se basan en el acuerdo paritario de junio que otorgó 21,3% de aumento (más otro 3% en octubre). Las universidades dicen que solo es una parte y que, para cumplir la ley, aún adeudan 31,2% de recomposición. El juez Cormick, el 1 de setiembre, denegó el pedido del Gobierno de levantar la cautelar y ratificó su vigencia.
Bartolacci expresó su preocupación por la escasez de recursos: «Si no logramos que el Congreso introduzca modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027, que sea revisado y actualizado, vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene».
En el Ejecutivo, por su parte, aseguraron que las diferencias «se producen porque hay rectores que actúan como sindicalistas o influidos por la izquierda» y que el funcionamiento de las casas de altos estudios está garantizado el año próximo. «Acá el diferendo es salarial, un rubro que se lleva casi el 90% del presupuesto, porque garantizamos un 20% de aumento en funcionamiento» en la ley de leyes, remarcaron.
La puja entre el Gobierno y los rectores también se registra en sede judicial. Los rectores piden más celeridad al magistrado, sobre todo luego del fallo de la Corte Suprema del 25 de junio, que dejó firme la cautelar en favor de las universidades. Han hecho presentaciones reclamando que se impongan multas a los funcionarios y se intime causa penal por desobediencia.
En la presentación del CIN en el Congreso este miércoles, las autoridades universitarias difundieron su propuesta de presupuesto 2027 para las 60 universidades públicas de todo el país. Esas estimaciones fueron presentadas a los diputados y senadores y en estas semanas también serán exhibidas a los gobernadores de los distritos donde se asientan las casas de altos estudios.
El cálculo de 11 billones de pesos incluye los recursos necesarios para salarios docentes y no docentes (90% del presupuesto), funcionamiento, infraestructura, ciencia y tecnología, becas, hospitales, entre otras actividades del sistema universitario. «Nuestra propuesta incorpora el financiamiento y la del gobierno no. Si el gobierno proyectara su cumplimiento con la ley vigente, debería haber presupuestado 9,8 billones de pesos. Llegamos a 11 billones con actualizaciones de otras áreas», concluyó Bartolacci.
En el Gobierno contestaron que el proyecto de Presupuesto «incluye la cautelar más la inflación (proyectada en 18%), que se observa en el ítem denominado refuerzo fortalecimiento de recursos humanos», y aclararon que el rubro «hospitales lleva un tope para lo destinado a la UBA, que habitualmente se lleva la mayor parte de lo presupuestado» aunque pidieron al resto de los hospitales universitarios de provincias «que rindan los gastos para poder clarificar al sistema».