La ley estatal, en vigor desde el 25 de agosto, prohíbe tres formas de colaboración entre policías y condados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Solo el condado de Rensselaer mantiene su acuerdo.
El estado de Nueva York aplica desde el 25 de agosto una nueva normativa que restringe la cooperación entre las agencias policiales locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La ley, firmada en mayo de 2026 por la gobernadora Kathy Hochul, establece límites específicos a la colaboración con la entidad federal.
Las tres formas de cooperación prohibidas
Según N+ Univision, la nueva legislación prohíbe de manera explícita las siguientes acciones:
- Acuerdos 287(g): las agencias estatales y locales no pueden celebrar, renovar, modificar ni mantener convenios que permitan a sus agentes ejercer funciones federales de control migratorio civil.
- Contratos para alojar detenidos: no se pueden mantener acuerdos con autoridades federales para albergar o detener personas exclusivamente por violaciones civiles de inmigración.
- Apoyo financiero a centros privados: los gobiernos y organismos alcanzados no pueden subsidiar, financiar ni otorgar beneficios económicos vinculados con instalaciones de detención migratoria operadas total o parcialmente por entidades privadas.
Contexto y aplicación
La ley, denominada Ley de Policías Locales para Delitos Locales de Nueva York, rige en todo el territorio estatal. Al momento de su promulgación, 13 jurisdicciones mantenían acuerdos 287(g) con el ICE. Once anunciaron su terminación antes de la entrada en vigor; el condado de Nassau resolvió acatar la norma, mientras que el condado de Rensselaer fue el único que mantuvo su convenio.
De acuerdo con WXXI News NPR, el alguacil del condado de Rensselaer, Kyle Bourgault, se sumó a otros 14 sheriffs en una demanda federal para impugnar la ley. Bourgault declaró que la norma “les quita a las fuerzas del orden herramientas para proteger de forma segura a las personas más cercanas a ellas”.
Según The Record, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda estatal contra la Oficina del Sheriff del condado de Rensselaer para exigir la terminación del acuerdo 287(g).
El caso de Nassau
El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, anunció que su jurisdicción acató la ley y finalizó los acuerdos 287(g) con el ICE. Blakeman expresó su desacuerdo con la medida: “Creo en el estado de derecho, incluso cuando se trata de una mala ley. Y esta es una ley muy, muy mala y peligrosa. Pero no podemos elegir qué leyes debemos hacer cumplir o acatar”, declaró, según Politico.
Declaraciones de la gobernadora
Kathy Hochul defendió la necesidad de delimitar las labores de las fuerzas del orden para preservar la confianza de los vecinos. En la conferencia en la que anunció la entrada en vigor de la ley, afirmó: “No nos quedaremos de brazos cruzados cuando la agencia de inmigración cometa atrocidades en nuestras calles”. Además, sostuvo: “Necesitamos a la policía local enfocada en frustrar los delitos locales —policía local, delitos locales— no en la aplicación de la inmigración civil”.