Un análisis sobre la demora del sistema judicial en perseguir las estafas informáticas en Argentina, basado en datos y declaraciones oficiales.
El artículo 173, inciso 16, del Código Penal argentino tipifica la estafa informática desde 2008. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y los juzgados competentes conforman el andamiaje institucional destinado a perseguir estos delitos. Sin embargo, los plazos procesales para acceder a los registros de transacciones sospechosas pueden extenderse durante semanas, mientras que una transferencia fraudulenta puede completarse en minutos.
En enero de 2026, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal publicó una encuesta según la cual el 75% de los abogados porteños calificó como «lento» o «muy lento» el plazo de tramitación de las causas judiciales, atribuyendo la demora a la falta de eficiencia del personal y a fallas organizativas en los juzgados.
En 2021, un ataque de ransomware contra el Ministerio Público Fiscal dejó sin internet a todas las fiscalías federales del país durante horas. El sistema encargado de investigar delitos informáticos fue afectado por un delito informático.
Según datos citados en el análisis, el 43% de los argentinos fue víctima de fraude digital entre 2025 y principios de 2026, una cifra que creció casi cinco veces en cuatro años. Los bancos tienen acceso en tiempo real a las transacciones, pero no se mencionan mecanismos de bloqueo inmediato.
Existe un proyecto de ley para crear un registro nacional de cuentas utilizadas en estafas, que permitiría bloqueos en tiempo real, similar a un sistema implementado en Brasil. Dicho proyecto se encuentra en comisión.
Las víctimas que denuncian estos delitos aportan datos al sistema, aunque no se garantiza la recuperación de los fondos. La falta de datos completos dificulta el diseño de políticas públicas específicas.