El Gobierno enfrenta una caída del poder adquisitivo, una concentración de servicios públicos en el conurbano, denuncias por el uso de fondos viales y tensiones con gobernadores. Además, una encuesta en Brasil sugiere que los ataques de Milei podrían beneficiar a Lula.
La gestión de Javier Milei presenta una característica que también se observó en gobiernos anteriores: la concepción de que el ejercicio del gobierno es la aplicación de una receta científica, cuyo éxito depende de la calidad de la misma y se traslada a la realidad de manera mecánica. Este rasgo, presente en otras administraciones, se encuentra hoy acentuado.
La idea de que el Gobierno será exitoso porque su receta ‘economicista’ es la correcta choca con la realidad. La vida pública y la administración no son un tubo de ensayo, y existen distorsiones ocasionadas por peleas de poder. Además, cualquier receta debe ser validada por la gente. La democracia es un sistema en el que los conocimientos técnicos deben ser aceptados por grandes masas de personas, y la cadena de transmisión entre la ciencia y el consenso popular es la política.
La administración Milei enfrenta este dilema. Funcionarios del área económica están convencidos de un dogma teórico, mientras que las encuestas muestran una antipatía hacia la política económica que alcanza el 66%.
Un estudio de Casa Tres, realizado por Mora Jozami, indica que en diciembre de 2023 la principal preocupación era la inflación, pero esa agenda cambió. Actualmente, el 19% de los consultados considera que la economía es el principal problema, seguido por la corrupción (16%), los bajos salarios (13%) y el desempleo (12%). Estos datos sugieren que el Gobierno está pagando con un cambio de agenda su éxito en la reducción de la inflación.
El poder adquisitivo del salario es un factor determinante en la orientación del voto. Según el mismo estudio, el 79% de los encuestados que debieron resignar consumos está en contra del Gobierno, mientras que el 25% de quienes no ajustaron su consumo simpatiza con Milei.
La caída del poder adquisitivo está influenciada por el tope al aumento de los sueldos y por el aumento del precio de los servicios públicos. El Gobierno implementó una liberalización de precios en servicios como electricidad y gas, con el objetivo de corregir el déficit fiscal. En 2016, un intento similar de Mauricio Macri fue limitado por la Justicia, que estableció que los aumentos de tarifas debían vincularse a la marcha de los salarios, criterio que hoy no se tiene en cuenta.
La participación de los servicios públicos en el salario promedio registrado pasó del 6% entre noviembre y diciembre de 2023 al 15% en julio de 2025. Las empresas distribuidoras se han beneficiado de esta gestión, que alivió la carga del gasto público en subsidios y reconoció deudas con el Estado.
En este contexto, YPF vendió su participación en Metrogas. La licitación fue ganada por los dueños de Edenor: José Luis Manzano, Daniel Vila, Mauricio Filiberti y Ricardo Depresbiteris, mediante el endeudamiento de la propia Edenor. Este grupo empresarial tiene vínculos con el Gobierno, siendo Santiago Viola, viceministro de Justicia y cercano a Karina Milei, el principal interlocutor. Además, existe la posibilidad de que Filiberti se quede con AySA cuando sea privatizada, ya que es el principal proveedor de cloro para la empresa.
De esta manera, los vecinos del Área Metropolitana podrían depender de un mismo grupo empresario para la provisión de luz, gas y agua. Esta concentración en un área estratégica no parece ser monitoreada por el Gobierno, y se desconoce la capacidad del Estado para negociar precios con ese grupo.
Otro problema que afecta el salario es el peso de las deudas. El número de morosos con restricciones para cumplir con bancos o financieras creció considerablemente. Milei declaró: ‘Nadie te puso una pistola en la cabeza para que te endeudaras’, pero muchas personas respondieron a señales del Gobierno, como la baja de la tasa de interés y su posterior aumento, que dejó deudas impagables. Este fenómeno se convirtió en un problema macro y político.
La caída del consumo y la recaudación afectan el sostenimiento del superávit fiscal. La relación entre la recaudación del IVA y la riqueza del país pasó de 8,2% en enero de 2024 a 6,8% en junio de 2025, lo que indica evasión. La relación entre la recaudación del IVA y el consumo privado pasó de 11,6% a 9,7%. Muchas empresas, especialmente pymes, prefieren evadir antes que quebrar.
En este marco, el Gobierno recaudó $1,5 billones para rutas y obras viales, ejecutó solo una cuarta parte y colocó más de $1 billón en plazos fijos y títulos públicos, según una nota de Hugo Alconada Mon en LA NACION. El fondo fiduciario del sistema vial (SisVial) se financia con un impuesto al combustible y, por ley, debe destinarse a la construcción o arreglo de rutas. El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que parte de esos fondos se utilizaron para mantener el superávit fiscal. Victoria Tolosa Paz realizó una denuncia penal contra el ministro de Economía y otros funcionarios por malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La distribución de esos fondos entre las provincias muestra disparidades: Buenos Aires recibió 14,34%, Catamarca 0%, Jujuy 14,35%, Misiones 15,85%, La Pampa y Chubut 0%, Entre Ríos 5,46%, Formosa 8,64%, y Salta 0,94%. Esta división genera sospechas y tensiones entre gobernadores, que se reunirán en Misiones el miércoles.
En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua se enfrentó al caudillo Carlos Rovira, quien es casi mileísta. Los senadores de Misiones votaron en contra del Gobierno en la discusión sobre la extranjerización de tierras, lo que podría desprender un mini bloque al Ejecutivo en el parlamento. Esto representa un problema para Diego Santilli, encargado de construir mayorías parlamentarias.
Frente a la adversidad, Milei buscó apoyo internacional. Fue recibido en la asunción de Abelardo de la Espriella en Colombia, un presidente de ultraderecha, quien dijo que su gobierno se inspirará en el de Milei. El presidente argentino impulsa una liga pro-Trump en América Latina, liderada por él, que también sería anti-Lula.
Una encuesta de Folha de Sao Paulo publicada este lunes indica que la intervención de Milei en las elecciones brasileñas hace que el 34% de los electores se sientan más inclinados a votar por Lula, mientras que solo el 27% piensa votar por Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente preso. Esta intromisión podría activar un sentimiento nacionalista en Brasil, similar al que provocó el eslogan ‘Braden o Perón’ en la Argentina.