El Poder Ejecutivo decidió retirar el proyecto que proponía modificar la ley que restringe la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La medida fue comunicada oficialmente y genera repercusiones en el sector agroindustrial.
El Gobierno nacional retiró el proyecto de reforma de la ley de Tierras, que establece restricciones a la compra de terrenos rurales por parte de extranjeros. La decisión fue oficializada en las últimas horas y representa un cambio en la iniciativa que había sido enviada al Congreso.
La ley vigente, sancionada en 2011, limita la adquisición de tierras por parte de personas o empresas extranjeras a un máximo del 15% del total del territorio nacional. Según datos oficiales, la participación extranjera en la propiedad de tierras rurales no supera el 5% del promedio nacional.
El proyecto de reforma buscaba eliminar o flexibilizar esas restricciones, con el argumento de fomentar inversiones en zonas áridas o semiáridas, que representan tres cuartas partes del territorio argentino. Para su aprovechamiento productivo, se requieren inversiones en riego y recuperación de suelos.
Desde el sector agroindustrial, se señaló que la restricción limita el desarrollo de actividades como la forestal, que en Argentina presenta menores volúmenes de producción y exportación en comparación con países vecinos como Uruguay, Brasil y Chile.
También se mencionó el caso de la empresa forestal chilena que posee más de 200.000 hectáreas en Misiones, como ejemplo de inversión extranjera existente en el país.
En el debate, se citaron declaraciones de José Álvarez, usuario de la red social X conocido como @bumpercrop, quien vinculó el origen de la ley de Tierras con la implementación del cepo cambiario en 2011. Según Álvarez, la restricción provocó una caída en el precio de la hectárea en la pampa húmeda.
Uno de los opositores a la reforma fue el senador Martín Lousteau, quien se manifestó en contra del proyecto. Lousteau fue autor de la resolución 125 durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.
En el contexto internacional, se observa que la Unión Europea implementa regulaciones ambientales y de inocuidad alimentaria que podrían motivar a empresas europeas a radicarse en Argentina para exportar al bloque. Un ejemplo reciente fue la inversión de US$14 millones del grupo español Vall Companys en el Grupo Pacuca.
Por otro lado, se registran casos de empresas argentinas que adquirieron tierras en el exterior. La familia Buratovich invirtió US$44 millones en la compra de 147.000 hectáreas ganaderas en Australia, sin que ello generara controversia en ese país.
El retiro del proyecto deja sin efecto la iniciativa de modificación, mientras continúa vigente la ley original con sus restricciones.