La administración de Javier Milei enfrentó dificultades para aprobar el capítulo de venta de tierras a extranjeros, que finalmente fue retirado. El episodio expuso tensiones internas y coordinación deficiente.
El Poder Ejecutivo Nacional enfrentó un revés en el Senado con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, presentada hace 130 días. Tras cuatro sesiones y 17 borradores, el oficialismo aceptó la caída del Capítulo III, que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras.
Durante la negociación, un funcionario de alto rango expresó su malestar por la publicación de la cantante Tini Stoessel en Instagram, que decía “La Patria no se vende”. Esa publicación, con 22 millones de seguidores, fue considerada un factor de presión comunicacional en contra del proyecto.
El oficialismo esperaba críticas de figuras como Lali Espósito, Ca7riel, Dillom, La Joaqui y Nicki Nicole, pero también se sumaron Tini Stoessel y Emilia Mernes. Un miembro de la Mesa Política evaluó: “Perdimos la guerra comunicacional”. El senador Luis Juez declaró: “Defendimos mal el debate sobre Tierras. Nos faltó inteligencia y picardía”.
Un informe de la consultora Reputación Digital indicó que el 69% de los mensajes en redes sociales sobre la iniciativa fueron negativos.
En la previa de la sesión, el diputado Agustín Romo publicó en X: “Viene una ONG británica y te dice que Milei quiere vender el glaciar perito moreno y vos le crees jajaj disculpame hermano no sabia que eras retrasado mental”. La marcha contra la ley fue convocada por la CGT, la UTEP, las dos CTA y el PJ, entre otros. Durante la protesta, un grupo de encapuchados lanzó proyectiles a los agentes de seguridad, quienes respondieron con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes.
La sesión en el Senado fue extensa, con 39 oradores. La vicepresidenta Victoria Villarruel se ausentó, y los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama solicitaron votar de forma remota. El peronismo intentó vaciar el recinto, pero fue rechazado por 38 legisladores.
El senador Joaquín Benegas Lynch defendió su participación en la votación, argumentando que “con este criterio no podría votar nadie”. También señaló que “la ley que supuestamente defendía la soberanía nacional permite comprar tierra a los Estados extranjeros”.
La derrota del Capítulo III generó tensiones internas en el oficialismo. Se atribuyeron responsabilidades al jefe de Gabinete, Darío Santilli; a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Un miembro del bloque afirmó: “Mandamos reformas demasiado grandes y ambiciosas”. Otro fue más directo: “Vive en una nube de pedo”.
El 19 de julio, la sesión pasó a cuarto intermedio por falta de votos. Sturzenegger llamó personalmente a legisladores para expresar su rechazo a una cláusula que reafirmaba la facultad constitucional de las provincias para imponer restricciones a la compra de tierras. Bullrich intentaba ceder para sumar voluntades.
Tras el anuncio de un acuerdo en San Juan entre el gobernador Marcelo Orrego y la empresa Vicuña por U$S 250 millones, Sturzenegger publicó en redes: “Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares que hoy derrama prosperidad. Quizás no hay conciencia que el capítulo de la Ley de Tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país. Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad”.
En Casa Rosada también se cuestionó la estrategia electoral de Karina Milei y los primos Menem. Un sector plantea la necesidad de definir acuerdos territoriales para 2027. Los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén) fueron de los primeros en desmarcarse del proyecto.
En el Senado, La Libertad Avanza consolidó un bloque de 44 senadores propios y aliados. La decisión de retirar el capítulo fue explicada por Bullrich en un comunicado: “El consenso alcanzado demuestra la madurez política de una mayoría parlamentaria comprometida con impulsar reformas estructurales sin resignar la búsqueda de acuerdos duraderos”.
Un dirigente que conversa con gobernadores indicó: “No va a cambiar nada. Esta era una ley que, paradójicamente, les daba más poder a los mandatarios pero que fue comunicada pésimo”. Y agregó: “El Gobierno tiene menos coordinación política que antes. Patricia está muy sola y muy celosa de su coordinación en el Senado. Y tienen que frenar algunas ideas de Sturze para entrar en un círculo más virtuoso”.
La reforma electoral es una prioridad para Karina Milei, quien busca eliminar las PASO. El Gobierno está dispuesto a negociar con los gobernadores para asegurar los votos.
El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 6,5% en julio, quedando en 1,94 puntos sobre cinco. Un relevamiento de Poliarquía indicó que el 66% de la población prefiere un cambio respecto de la situación económica actual. Hugo Haime & Asociados encontró que el 34% identifica la bronca como sentimiento predominante y el 39% habla de tristeza, mientras que solo el 20% manifiesta esperanza. Management & Fit informó que el 43,2% piensa que el país estará peor dentro de un año y el 58,6% desaprueba la gestión. El Banco Central registró 20,9 millones de personas con algún tipo de deuda financiera, de las cuales 5,8 millones tienen al menos una obligación con más de 90 días de atraso.