El Ministerio de Seguridad Nacional actualizó el protocolo de actuación para la prevención de ciberdelitos en escuelas, con cambios específicos para amenazas que involucren a menores. La medida fue oficializada mediante la Resolución 725/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El Ministerio de Seguridad Nacional modificó el protocolo de actuación en las escuelas para la prevención de ciberdelitos, con cambios específicos para los casos de amenazas que involucren a niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. La medida fue oficializada mediante la Resolución 725/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La nueva resolución prohíbe el tratamiento de datos sensibles de menores sin orden judicial, pero habilita excepciones cuando existan riesgos graves e inminentes para la vida o la seguridad de la comunidad educativa.
La actualización responde al incremento de amenazas de violencia masiva contra establecimientos educativos difundidas a través de redes sociales y redefine los criterios bajo los cuales podrá intervenir el personal policial durante tareas de prevención en el ciberespacio.
La normativa ratifica que las fuerzas de seguridad deberán actuar conforme a la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y establece que queda prohibido el tratamiento de datos sensibles o publicaciones de menores de edad sin autorización judicial. No obstante, el nuevo protocolo incorpora excepciones para situaciones en las que exista un riesgo grave e inminente. En esos casos, la actuación policial podrá continuar aun cuando se detecte que la investigación involucra a un menor.
La resolución dispone que, cuando durante una tarea preventiva exista certeza o la presunción de que interviene un niño, niña o adolescente, el procedimiento deberá suspenderse de inmediato, dejar constancia en el registro correspondiente y comunicar la situación a la autoridad responsable. Sin embargo, esa suspensión dejará de ser obligatoria en cinco supuestos excepcionales. Entre ellos se encuentran los casos en los que exista riesgo para la vida del menor, indicios de desamparo, fuga o sustracción, conductas autolesivas o suicidas, o cuando el menor sea presunta víctima de un delito cometido en el ámbito digital cuya investigación requiera mantener el monitoreo.
Además, la resolución habilita la continuidad de las tareas preventivas cuando existan indicios fundados de amenazas, planificación o preparación de hechos de violencia masiva en establecimientos educativos o espacios públicos, tanto si el menor es víctima como si fuera el presunto autor de esas conductas. En todos los casos comprendidos por estas excepciones, el personal policial deberá dejar constancia detallada de las razones que justificaron la continuidad de la intervención y comunicarlo de forma inmediata a la autoridad responsable de la investigación.
El Gobierno sostuvo que la modificación busca compatibilizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes con la necesidad de brindar una respuesta rápida frente a delitos de gravedad, especialmente ante situaciones que puedan comprometer la integridad física de estudiantes o de la comunidad educativa.
La resolución se enmarca en las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional para reforzar la prevención del cibercrimen. Entre ellas se encuentra el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027, que prevé la actualización de los protocolos de actuación frente a nuevas modalidades delictivas en entornos digitales. También se menciona el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen (FORCIC), creado este año con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado para la prevención, detección e investigación de delitos informáticos, así como optimizar la respuesta operativa de las fuerzas de seguridad frente a incidentes cibernéticos.