Trabajadores y magistrados del Poder Judicial de Córdoba anunciaron nuevas medidas de acción directa para esta semana, en el marco del conflicto salarial que persiste sin resolución.
Mientras se espera que este miércoles se reincorpore a sus actividades el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Domingo Sesin, el conflicto salarial en el Poder Judicial de Córdoba continúa. Este martes, en una asamblea de delegados de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj), se decidieron nuevas medidas de acción directa. El miércoles 29 y el viernes 31 de julio habrá abandono de tareas, y el jueves los trabajadores realizarán una movilización.
A tres días de que finalice julio, no se ha informado sobre el blanqueo del monto del primer tramo no remunerativo que el personal percibe desde el año pasado, cuando se modificó el escalafón y se estableció que la equiparación salarial con los trabajadores de la Justicia Federal alcanzaría el 90% en cuatro tramos, hasta completarse en 2028. Tampoco se ha ejecutado la segunda cuota de la equiparación correspondiente a este mes. Además, persiste la falta de información oficial sobre los descuentos por los más de 25 días de paro desde marzo.
Los judiciales continúan a la espera de una nueva oferta salarial. Fuentes del gobierno provincial señalaron a Perfil CÓRDOBA que se analizan alternativas.
En paralelo, se observa una crisis de representatividad en las organizaciones gremiales, tanto de magistrados como de empleados, que se ven superadas por sus bases. Si bien la Asociación de Magistrados y Funcionarios y la Agepj mantienen reuniones con el Ministerio de Justicia y el TSJ, han surgido referentes inorgánicos que impulsan protestas y reclamos. Algunos jueces y funcionarios no descartan iniciar acciones judiciales.
Al menos 1.100 jueces, fiscales, defensores y funcionarios iniciaron reclamos administrativos para que se cumpla la ley de equiparación salarial con sus pares federales, vigente desde 2012. Las autoridades tienen plazo hasta septiembre para responder. En la última asamblea extraordinaria de la Agepj, la mayoría de los empleados de las Unidades Judiciales y del interior rechazaron la oferta salarial propuesta. Actualmente no hay mesa de conciliación en la Secretaría de Trabajo.
El cumplimiento de la Ley de Equiparación Salarial para magistrados provinciales con sus pares federales se mantuvo hasta 2023, cuando el 90% se redujo al 85%. Por efecto de la Ley de Equidad Jubilatoria, este año cayó al 77%. Los descuentos por aportes a la Caja de Jubilaciones y a Apross representan en conjunto el 32,5% del sueldo.
El camarista civil Walter Simes, vocero de un movimiento autónomo de magistrados y funcionarios, afirmó: “El argumento oficial de la falta de fondos se cayó; la Provincia ha recibido excedentes millonarios que no se han traducido en mejoras, ni siquiera en la reducción de los aportes extraordinarios”. Sostuvo que hay “injerencia de la política en la justicia” y falta autonomía económica del Poder Judicial. Actualmente, la Justicia debe pedir autorización al Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el interior debido a la falta de presupuesto.