Luego del fallo de la Corte Suprema, el gobernador ordenó investigar presuntos esquemas fraudulentos vinculados con el sistema de salud.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió la orden ejecutiva GA-57 el 21 de julio de 2026 con el objetivo de coordinar acciones entre distintas agencias estatales para eliminar los denominados esquemas de turismo de nacimiento en Texas.
La administración estatal sostiene que algunas personas viajan ilegalmente o mediante declaraciones falsas a Estados Unidos con el único propósito de dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos. La orden expresa que durante los últimos años el incremento de la inmigración irregular generó mayores costos para el Estado en materia de seguridad, salud, educación y otros servicios públicos. En ese contexto, el gobernador argumenta que determinadas empresas y centros médicos habrían intentado obtener beneficios económicos al ofrecer paquetes dirigidos específicamente a extranjeros interesados en dar a luz en Texas.
La medida firmada por Greg Abbott no crea nuevas reglas sobre ciudadanía ni modifica la legislación migratoria federal. En cambio, establece instrucciones concretas para que organismos estatales investiguen posibles actividades vinculadas con el turismo de nacimiento dentro del sistema sanitario de Texas. Las agencias que deberán intervenir son: Texas Health and Human Services Commission (HHSC), Department of State Health Services (DSHS), Office of Inspector General (OIG) de la HHSC, Texas Medical Board (TMB), Texas Board of Nursing (BON) y Texas Department of Licensing and Regulation (TDLR). Estas entidades deberán investigar denuncias relacionadas con publicidad, promoción, organización, asistencia o participación en presuntos esquemas de turismo de nacimiento dentro de la industria sanitaria del estado.
Uno de los aspectos centrales de la medida es que apunta directamente a los prestadores de servicios médicos que, según las autoridades estatales, participen en estas prácticas. Las posibles medidas de aplicación incluyen: suspensión o revocación de licencias profesionales, suspensión o revocación de licencias institucionales, prohibición para participar en contratos estatales, negación de beneficios otorgados por el estado y otras acciones administrativas previstas por la legislación de Texas. Según informó CBS Texas, la orden alcanza a cualquier proveedor de salud autorizado que participe o colabore con estos programas, y busca responsabilizar a quienes promocionen este tipo de servicios.
Pese al impacto político de la orden, la ciudadanía por nacimiento no cambia como consecuencia de esta decisión estatal. La Corte Suprema de EE.UU. rechazó el mes anterior una orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump que buscaba restringir la ciudadanía automática por nacimiento. Con ese fallo, el máximo tribunal mantuvo la interpretación histórica de la Constitución según la cual prácticamente todas las personas nacidas en territorio estadounidense adquieren automáticamente la ciudadanía. El fundamento jurídico que mantiene vigente la ciudadanía por nacimiento se encuentra en la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Ese texto establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en el país y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas estadounidenses. Posteriormente, ese principio fue incorporado a la legislación federal mediante la Nationality Act de 1940 y la Immigration and Nationality Act de 1952.