El gobierno de Estados Unidos presentó demandas para revocar la ciudadanía a 10 personas naturalizadas, entre ellas seis nacidas en México. El Departamento de Justicia sostiene que obtuvieron ese estatus de manera ilegal o mediante ocultamiento de información y declaraciones falsas.
El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos emitió un comunicado el lunes 20 de julio en el que informó la presentación de demandas de revocación de ciudadanía en varios tribunales de distrito contra 10 personas acusadas de delitos graves.
Las demandas fueron presentadas durante los últimos 30 días contra personas de entre 44 y 65 años. Según el gobierno, los acusados no cumplían con las condiciones legales para naturalizarse o habrían ocultado conductas e información que podían impedirles obtener la ciudadanía.
“Cada uno de estos individuos carecía de la buena conducta moral exigida por la ley y consiguió la ciudadanía mediante declaraciones falsas deliberadas y ocultando sus delitos”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche.
Blanche agregó que la administración Trump intensificará la labor para detectar casos en los que se pueda revocar el estatus. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, este DOJ seguirá impulsando enérgicamente la revocación de la ciudadanía para restaurar la integridad del proceso de naturalización en Estados Unidos”, sostuvo.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, afirmó que las personas demandadas abusaron del sistema migratorio y sostuvo que su agencia buscará impulsar tanto la desnaturalización como su eventual expulsión del país. “Estos extranjeros delincuentes, entre los que se incluyen narcotraficantes, pedófilos y estafadores, perdieron el derecho a la ciudadanía y abusaron de nuestro sistema de inmigración, perjudicando a ciudadanos estadounidenses legítimos. El DHS está comprometido a garantizar la revocación y la expulsión de estos estafadores con todos los recursos a nuestro alcance”, afirmó.
Los seis mexicanos a los que EE.UU. busca quitarles la ciudadanía
En el documento, el DOJ compartió la identidad y los antecedentes de los seis mexicanos que podrían ser desnaturalizados:
- Ceflo Luviano-Mojica (60 años): en 1998, se declaró culpable y fue condenado en el Distrito Norte de Georgia por, entre otros delitos, proporcionar información falsa en una solicitud de naturalización.
- Urbano Vázquez Ortega (53 años): condenado por abusar sexualmente de menores.
- Antonio Alcantara-Ruiz (53 años): antes del proceso de naturalización, adquirió documentos de identidad de otro ciudadano mexicano y los utilizó para obtener una green card de reemplazo con su fotografía y huella dactilar.
- Omar Cantú-Montalvo (44 años): al solicitar la naturalización en julio de 2005, declaró que nunca había cometido un delito por el que no hubiera sido arrestado. En 2016, se declaró culpable de poseer con intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, conspiración a la que se unió en abril de 2005.
- Francisco Montano (59 años): condenado en un tribunal estatal de Texas por dos cargos de agresión sexual agravada y cuatro cargos de actos indecentes con un menor.
- Martin Garcia Cardiel (60 años): en 2022, un jurado en Utah lo declaró culpable de 19 cargos de abuso sexual agravado de menores, por actos cometidos en 2007.
Cuándo puede EE.UU. quitar la ciudadanía a un migrante
La legislación estadounidense permite al gobierno solicitar ante un tribunal federal la revocación de una naturalización cuando sostiene que fue obtenida ilegalmente, mediante el ocultamiento de un hecho relevante o a través de declaraciones falsas deliberadas. Entre los supuestos posibles se encuentran los matrimonios simulados y la omisión de información que habría impedido aprobar la solicitud.
La comisión de un delito no provoca automáticamente la pérdida de la ciudadanía. Para obtener la desnaturalización, el gobierno debe demostrar que la conducta impedía legalmente la naturalización o que fue ocultada durante el procedimiento. El Departamento de Justicia estableció como prioridades casos relacionados con riesgos para la seguridad nacional, crímenes de guerra, tortura, violaciones de derechos humanos y fraudes contra organismos o programas gubernamentales.
Si un tribunal ordena la revocación, la pérdida de la ciudadanía tiene efecto desde la fecha original de la naturalización. La situación migratoria posterior dependerá de los antecedentes de cada caso.