A dos años de la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el expediente reabrió una crisis diplomática entre México y Estados Unidos. Un memorando de sentencia alega sobornos del Cártel de Sinaloa a autoridades mexicanas.
A dos años de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, el expediente que parecía cerrado con su declaración de culpabilidad volvió a abrir una crisis diplomática entre México y Estados Unidos. Según reportó The Latin Times, un memorando de sentencia presentado por fiscales de Nueva York alega que, bajo el liderazgo de Zambada, el Cártel de Sinaloa pagó millones de dólares en sobornos a policías, militares y políticos mexicanos para operar sin interferencias.
Cómo empezó todo
El 25 de julio de 2024, el Mayo Zambada fue citado con engaños por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, bajo el pretexto de mediar en una disputa política local. De acuerdo con el relato del abogado de Zambada a CNN, el capo fue emboscado, tirado al suelo y esposado por hombres con uniformes militares antes de ser subido a un avión con las piernas atadas. Esa aeronave, con el transponder apagado, aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México, donde ambos fueron detenidos al bajar del avión, mientras agentes federales ya los esperaban en la pista.
La versión que se rompió
Durante meses, Washington sostuvo una narrativa consistente: el entonces embajador Ken Salazar afirmó que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo, atribuyendo todo a una traición interna de Guzmán López. Esa versión se tambaleó este julio cuando, de acuerdo con Forbes México, un reportaje reveló que la aeronave usada en el traslado forma parte de una exhibición del FBI en un museo de Nuevo México, lo que reavivó las dudas sobre si la agencia tuvo un papel activo. Sheinbaum cuestionó públicamente la contradicción, según Infobae, mientras la Fiscalía mexicana reconoció —según El Financiero— que Salazar está protegido por inmunidad diplomática aunque se abra investigación en su contra.
Una cuenta regresiva judicial
La sentencia de Zambada quedó fijada para el 20 de julio de 2026, y la de Guzmán López para el 31 de agosto.
Una tensión que va más allá de un solo caso
El expediente Zambada no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de presión estadounidense sobre las instituciones de seguridad mexicanas. Un ejemplo es la solicitud de detención con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, acusados por una corte de Nueva York de proteger al Cártel de Sinaloa. Funcionarios del propio gabinete mexicano señalan que la negativa a extraditarlo de forma inmediata habría influido en la decisión de Donald Trump de no renovar el T-MEC en los términos previos. El embajador mexicano en Washington, Roberto Lazzeri, dijo que su gobierno procederá “sin dudarlo” si Estados Unidos entrega pruebas suficientes.
A esa presión se suma un giro regulatorio: esta semana el gobierno estadounidense designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras, con lo que ya son ocho los grupos criminales mexicanos bajo esa etiqueta, junto con el de Sinaloa y el CJNG. La medida, impulsada por el secretario de Estado Marco Rubio, amplía el margen legal de Washington para actuar contra estas organizaciones o contra quien las apoye.
Rubio también encabezó esta semana una reunión con representantes de 66 países para atender lo que llamó el “resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda”, un encuentro centrado en gran medida en el movimiento Antifa. México, de acuerdo con Resumen Latinoamericano, fue invitado pero no participó.
Este despliegue ocurre en un momento en que, según un análisis de The Economist citado por Infobae, América Latina atraviesa un giro político sin precedentes hacia posturas afines al estilo de Trump, con siete elecciones presidenciales ganadas por la derecha desde 2025. Para México, señala la publicación, la pregunta ya no es solo si ese fenómeno puede llegar al país, sino si la presión bilateral y el desgaste interno abren condiciones para ello.