La Ley de Vivienda del Siglo XXI entró en vigor sin el veto del presidente Donald Trump. La norma busca ampliar la oferta de viviendas, reducir costos y facilitar el acceso a la vivienda en Estados Unidos.
Estados Unidos incorporó oficialmente una reforma habitacional denominada Ley de Vivienda del Siglo XXI. La norma entró en vigor durante la madrugada del sábado luego de que el presidente Donald Trump decidiera no promulgarla ni vetarla dentro del plazo constitucional.
La legislación nació con el objetivo de enfrentar la crisis de asequibilidad de la vivienda, en un contexto de tasas hipotecarias elevadas y valores inmobiliarios cercanos a máximos históricos. El proyecto reunió 47 propuestas destinadas a ampliar la oferta de viviendas, reducir costos de construcción y facilitar el acceso a inmuebles.
Entre las principales medidas, la ley promueve la construcción de viviendas prefabricadas, facilita la transformación de oficinas en departamentos y crea un programa piloto de subvenciones y préstamos condonables para reparar inmuebles antiguos. Además, incorpora incentivos para que estados y municipios flexibilicen las normas de uso del suelo y zonificación, aunque no obliga a las administraciones locales a modificar sus regulaciones.
Otro punto destacado establece que cualquier inversor que posea más de 350 viviendas unifamiliares no podrá seguir incorporando nuevas propiedades de ese tipo. La norma no obliga a quienes ya superan ese límite a desprenderse de parte de sus activos.
Expertos advirtieron que los efectos de la reforma demorarán varios años en reflejarse sobre los precios de compra y alquiler. La investigadora del Urban Institute, Yonah Freemark, señaló que el desarrollo de nuevas viviendas requiere tiempo y dependerá tanto de las administraciones públicas como del sector privado. Aniket Mehrotra, coordinador de políticas de vivienda del Urban Institute, explicó que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) deberá poner en marcha 35 programas, reglamentos y estudios diferentes, y advirtió que la capacidad del HUD para implementarlos será limitada sin asignaciones presupuestarias adicionales.
La normativa no modifica factores como las tasas hipotecarias superiores al 6%, el efecto bloqueo que desalienta a propietarios a vender sus viviendas, ni el aumento de los costos de construcción. Tampoco contempla nuevas medidas para incrementar el apoyo federal destinado a la vivienda social.