La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el acceso del gobierno a historiales de geolocalización de celulares constituye una ‘búsqueda’ protegida por la Cuarta Enmienda, lo que obliga al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a obtener órdenes judiciales con causa probable.
La Corte Suprema de Estados Unidos falló 6-3 en el caso Chatrie v. United States, emitido el 29 de junio, y determinó que el acceso del gobierno a historiales de geolocalización de celulares constituye una “búsqueda” protegida por la Cuarta Enmienda. La decisión exige que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales obtengan órdenes judiciales basadas en causa probable y particularidad antes de acceder a esos datos.
El fallo frena un mecanismo de vigilancia que permitía reconstruir movimientos cotidianos a partir de información almacenada por empresas como Google, afectando potencialmente a millones de personas, incluidos migrantes latinos.
Qué cambia para el ICE y otros agentes migratorios
- El ICE ya no puede requerir historiales de ubicación de celulares de forma amplia y automática: cada orden debe pasar el filtro constitucional de la Cuarta Enmienda y ser revisada por un juez.
- Las investigaciones migratorias que usaban geovallas para ubicar personas en zonas cercanas a operativos o redadas deberán justificar mejor por qué necesitan esos datos y sobre quién, reduciendo el alcance de búsquedas masivas.
La herramienta de geovalla, bajo la lupa de la Corte
- Las órdenes de geovalla permiten pedir a una empresa tecnológica los registros de todos los dispositivos presentes en un área y tiempo determinados, aun sin sospechosos identificados.
- La Corte advirtió que este método puede capturar información de muchas personas ajenas a cualquier delito y habilitar una vigilancia permanente, por lo que debe someterse a controles judiciales previos.
El caso Chatrie, origen del fallo
El caso surgió tras un robo armado a una cooperativa de crédito en Virginia en 2019. Sin sospechosos, la policía pidió a Google datos de todos los móviles en un radio de 150 metros alrededor del banco en la hora del crimen. El protocolo acordado con la empresa generó primero datos anónimos de 19 usuarios, luego información adicional de 9 y finalmente identidad completa de 3, entre ellos Okello Chatrie, posteriormente condenado a casi 12 años de prisión.
La posición de la Corte sobre privacidad digital
La jueza Elena Kagan, autora de la opinión mayoritaria, sostuvo que las personas conservan una “expectativa razonable de privacidad” sobre sus desplazamientos, aunque los datos estén en servidores de compañías tecnológicas. Para la mayoría, permitir órdenes amplias de geovalla daría al gobierno la posibilidad de reconstruir la vida cotidiana de los ciudadanos, por lo que el acceso debe pasar por el “juicio deliberado e imparcial” de un funcionario judicial.
Impacto potencial para comunidades latinas en EE.UU.
Si bien el fallo no prohíbe completamente las órdenes de geovalla, obliga a que su uso sea más acotado y específico, lo que reduce el riesgo de barridos masivos que incluyan a residentes y migrantes sin relación con delitos. Para personas latinas investigadas por ICE u otras agencias, el criterio refuerza el derecho a que cualquier acceso a sus datos de ubicación responda a una causa probable concreta y sea supervisado por tribunales.