El juez en lo penal económico Diego Amarante reclamó que la investigación por una mansión en Pilar, atribuida a testaferros de la AFA, se sume a la causa por retención indebida de aportes en la que ya procesó a Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
El juez en lo penal económico Diego Amarante reclamó quedarse con la investigación por la suntuosa casaquinta de Pilar cuya propiedad se atribuye a testaferros de la AFA porque consideró que está vinculada a la causa por una multimillonaria retención indebida de aportes en la que ya procesó a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino.
Ante ello pidió a la jueza María Verónica Straccia, a cargo del juzgado en lo penal económico 10 donde quedó el caso contra los supuestos testaferros Luciano Pantano y Ana Conte, que se inhiba y le envíe el expediente. Si la magistrada se niega, una vez más el tema sería resuelto por la Cámara en lo Penal Económico.
Para el juez, todas las investigaciones están relacionadas con los mismos acusados y la suya es la que investiga los delitos más graves, remarcó. “La concentración de los expedientes ante este Juzgado se presenta como la solución más adecuada para optimizar los recursos fácticos y técnicos disponibles, evitar la duplicación innecesaria de medidas probatorias comunes y resguardar de manera efectiva el derecho de defensa en juicio de las personas sometidas a investigación”, advirtió Amarante en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
El pedido se concretó esta semana luego que el juez federal de Campana Adrián González Charvay envió el expediente de vuelta al fuero penal económico porteño por orden del Tribunal de Apelaciones y después del fracaso de un último intento de los acusados por frenar el nuevo cambio de juzgado con un recurso ante la Cámara Federal de Casación.
La causa quedó así en el juzgado a cargo de Straccia y ahora Amarante entendió que hay “conexidad subjetiva” entre todas las investigaciones y que la suya está más avanzada con procesamientos confirmados por la Cámara en lo Penal Económico contra Tapia y Toviggino y una ampliación de denuncia con medidas de investigación ya en marcha.
El juez había recibido otra denuncia en marzo por el tema de la mansión de Pilar basada en publicaciones periodísticas y el fiscal Claudio Navas Rial le pidió que la envíe a Campana, algo a lo que Amarante se negó y ahora reclama que la investigación por la mansión de Pilar se sume en su juzgado a esa causa y a la de retención indebida de aportes.
Al pedir a Straccia que se aparte del caso, advirtió que se trataría de los mismos imputados y que “los hechos más graves son los que se investigan” en su juzgado.
La denuncia por presunto lavado de activos se basa en una supuesta “maniobra de defraudación llevada adelante por las máximas autoridades de la AFA en perjuicio de esa entidad” con la contratación “infiel” de intermediarios y “desviación de fondos” para luego “en una fase posterior, la presunta implementación de un circuito complejo orientado a reintroducir dichos activos al patrimonio de quienes habrían intervenido en la maniobra inicial”.
Para ello se habrían usado “cuentas bancarias en el exterior como cuentas de tránsito, la posterior redistribución de sumas millonarias hacia un conjunto reducido y recurrente de destinatarios y la intervención de estructuras societarias interpuestas, incluyendo entidades financieras y sociedades constituidas en el extranjero que -según se refiere- no tendrían capacidad económica ni estructura real”.
La causa por la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares, la flota de vehículos de colección y lujo que se cotizó en otros casi 4 millones y demás bienes derivó en una investigación sobre un “complejo entramado” de sociedades en principio “con un denominador común relacionado con distintas entidades vinculadas al fútbol profesional”.
Esta investigación va por el cuarto juez desde que se presentó la denuncia. Finalmente se ordenó que saliera del juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay, donde los acusados pretenden que se investigue, y vuelva al fuero penal económico de CABA. Ahora quedó en el centro de una nueva disputa de competencia.
El viernes último, la Cámara confirmó los procesamientos de Tapia y Toviggino dispuestos por Amarante en la investigación por el no pago en el plazo legal de retenciones calculada en 19.000 millones de pesos. Los dos están embargados por 350 millones de pesos y tienen prohibida la salida del país. Tapia está de viaje por el Mundial en Estados Unidos con permiso judicial.