La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires aprobó un reglamento para regular el uso de la Inteligencia Artificial en tribunales, con límites estrictos para evitar que reemplace decisiones humanas.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de reglamento para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) dentro de los tribunales bonaerenses. Según el máximo tribunal, la función jurisdiccional es indelegable e insustituible.
La medida se produce en un contexto donde la IA es utilizada formal e informalmente por abogados y funcionarios en tareas como atención de usuarios y sistematización de jurisprudencia. La Corte advirtió sobre los peligros de los sistemas generativos, que pueden producir resultados inexactos, contenidos sesgados o generar un sesgo de automatización.
Para ello, se creó una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial, integrada por las Secretarías de Planificación, Tecnología Informática y Servicios Jurisdiccionales. Esta comisión actuará como autoridad de aplicación y tendrá facultades para proponer protocolos, evaluar herramientas, impulsar pruebas piloto, monitorear resultados y elaborar informes periódicos.
Según la resolución registrada bajo el expediente Nº 3000-21862-2026, la Suprema Corte fundamenta esta regulación en la necesidad de consolidar la mejora de la gestión judicial sin menoscabar las garantías constitucionales del debido proceso y la tutela judicial efectiva. El documento destaca que el Poder Judicial bonaerense ya opera casi en su totalidad en una fase digital, lo que constituye el entorno propicio para avanzar en una incorporación gradual, responsable y estratégica de estas herramientas.
El reglamento establece prohibiciones estrictas. Entre los usos vedados figura la utilización de sistemas predictivos de riesgo de reincidencia que tengan efectos vinculantes sobre decisiones de libertad o prisión preventiva. También se prohíbe el uso de IA para generar prueba sintética o automatizada, y la elaboración de informes periciales sin una participación activa y validación crítica del perito habilitado.
El proyecto adopta un enfoque basado en niveles de riesgo. Tareas administrativas como la transcripción de audiencias o la corrección ortográfica son consideradas de bajo riesgo. Aquellas que asisten funciones críticas, como la interpretación normativa o la predicción de resultados de litigios, son calificadas de alto riesgo. Estos últimos deberán someterse a auditorías cada seis meses y requerirán un Análisis de Impacto Algorítmico previo a su implementación.
Para garantizar la transparencia, el reglamento obliga a los jueces y funcionarios a informar en el expediente cuando hayan utilizado una herramienta de IA generativa. Deberán especificar el nombre del sistema, el modelo empleado y qué partes del documento fueron producidas con asistencia tecnológica, permitiendo que las partes puedan controlar y eventualmente impugnar dicha intervención.
La Corte también prohibió a sus integrantes el uso de chatbots de acceso gratuito o comercial (como ChatGPT) para tratar información judicial sensible o investigaciones en curso, ante el riesgo de que esos datos sean utilizados para entrenar modelos futuros fuera del control institucional.
El proyecto se encuentra en una etapa de consulta pública abierta hasta el 8 de julio, permitiendo que magistrados, abogados y la comunidad académica aporten sugerencias. Después de esa fecha, la comisión procesará los escritos recibidos y elevará un informe a la Suprema Corte antes del 31 de agosto. Hasta que no se apruebe una versión definitiva, el texto tendrá carácter orientador y no vinculante.