El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts invalidó el 8 de junio el cobro adicional de US$100.000 exigido para tramitar nuevas visas H-1B, al considerar que constituía un impuesto no autorizado por el Congreso.
Una decisión judicial emitida el 8 de junio por el juez Leo T. Sorokin, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, dejó sin efecto la política que imponía un cargo adicional de US$100.000 para tramitar nuevas visas H-1B.
La medida había sido establecida mediante una proclamación presidencial en septiembre de 2025, durante la administración de Donald Trump, y obligaba a los empleadores a efectuar el pago como requisito para presentar peticiones de trabajadores extranjeros especializados.
La demanda fue presentada en diciembre de 2025 por una coalición de 20 estados, encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta. Los demandantes argumentaron que el cargo excedía las atribuciones del Poder Ejecutivo, ya que constituía un impuesto —facultad reservada al Congreso— y que su implementación no siguió los procedimientos de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
El tribunal concluyó que el cobro no podía considerarse una tasa administrativa y que las agencias federales no justificaron adecuadamente el incremento ni abrieron un proceso formal para recibir observaciones antes de su entrada en vigor.
La sentencia tiene alcance nacional y elimina todas las acciones administrativas vinculadas a ese cobro, incluidos los mecanismos desarrollados para procesar los pagos.
Rob Bonta declaró: “¡Ya está dictada la sentencia! El impuesto ilegal y costoso de US$100 mil de la administración Trump ha sido anulado. Este impuesto constituía un ataque a la capacidad de EE.UU. para atraer y retener el talento altamente calificado”.
Con la anulación, empresas, universidades, hospitales y entidades sin fines de lucro vuelven a operar bajo el esquema anterior de presentación de solicitudes. Antes del cargo adicional, los costos regulatorios asociados a las visas H-1B eran considerablemente inferiores.
El programa H-1B permite a empleadores estadounidenses contratar temporalmente a trabajadores extranjeros para puestos que requieren conocimientos especializados y formación universitaria. El límite anual es de 65.000 visas para empresas privadas, más 20.000 adicionales para personas con títulos de maestría o superiores obtenidos en EE.UU.
Durante el litigio, los estados demandantes señalaron que los beneficiarios de visas H-1B generan una contribución económica de aproximadamente US$86.000 millones anuales y aportan miles de millones en tributos federales, estatales y locales.