Un economista cuestiona la interpretación oficial sobre los casos de la VOC, Delaware y Singapur como modelos para la Argentina, y sostiene que la inversión precede a la innovación solo cuando existe un marco institucional consolidado.
El 20 de marzo de 1602, los Estados Generales de las Provincias Unidas crearon por ley la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales (VOC), disuelta en 1799. Por primera vez en la historia, el Estado limitó legalmente la responsabilidad de los accionistas al capital invertido, dando origen a las sociedades por acciones y al primer mercado de capitales del mundo. La VOC gozó de un monopolio comercial, poder de acuñar moneda, ejército y armada, y su capitalización de mercado fue equiparable a la de los gigantes tecnológicos actuales. La compañía quebró a finales del siglo XVIII por corrupción y burocracia.
En una publicación internacional, el presidente Javier Milei citó este evento como prueba de que la “innovación institucional” desata el capitalismo. Sin embargo, un economista ofrece una lectura alternativa: aquella decisión surgió en un país que ya tenía un Estado consolidado, un Parlamento con autoridad real, un sistema judicial confiable, una moneda estable y décadas de construcción institucional. La innovación financiera fue consecuencia de ese contexto, no su causa.
El análisis se extiende a Delaware y Singapur, modelos que el gobierno argentino menciona como inspiración para convertir al país en un hub de inversión en inteligencia artificial. Sobre Delaware, se señala que no es un paraíso corporativo por decreto, sino el resultado de más de un siglo de construcción jurídica: una ley de sociedades actualizada anualmente, una Corte especializada en derecho comercial con jueces en lugar de jurados, y un cuerpo de jurisprudencia acumulado que brinda certeza contractual. Las empresas se registran allí porque saben qué ocurrirá en caso de conflicto.
En cuanto a Singapur, cuando Lee Kuan Yew asumió en 1959, estableció un modelo de fuerte intervención estatal, con capitalismo de Estado y una democracia autoritaria, priorizando el bienestar económico sobre las libertades individuales. Recién en 1968 se habilitó el mercado asiático de divisas, y en 1971 se creó la Autoridad Monetaria. El hub de inversiones llegó después, siempre como resultado de una secuencia institucional.
El economista sostiene que la Argentina actual está lejos de ese escenario: la mitad de la economía está parada, la industria y la construcción caen, la inflación supera el 20% anual, y la población sigue comprando dólares por desconfianza en la administración. Señala que los ingresos del boom exportador se fugan al exterior o al colchón, y que el capital no confía en las nuevas reglas, lo que obligó a crear el RIGI para atraer grandes inversiones, generando asimetrías respecto de las inversiones cotidianas. Afirma que las reglas no son iguales para todos y que el RIGI deberá ser testeado ante shocks inesperados.
Concluye que no se trata de una crítica al rumbo, sino al diseño instrumental y a la secuencia de las soluciones. Considera que primero se debe armar el país, ganar la confianza de la propia gente, establecer reglas iguales para todos y construir un sistema judicial creíble. Sostiene que la inversión en inteligencia artificial no preferirá a la Argentina por un marco legal que puede cambiar en un día, mientras compite con centros que tienen décadas de respaldo institucional. Por ello, la VOC, Delaware y Singapur no son argumentos a favor del modelo actual, sino en contra, ya que la inversión y la innovación son consecuencia de un marco institucional estable, no al revés.