Un estudio de La Sala documentó el exilio de 23 periodistas críticos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2018, así como campañas de odio digital y violencia de género contra comunicadoras en el exilio.
Un estudio de La Sala, remitido a la agencia EFE, documentó el uso del doxing transfronterizo y la difusión de datos personales contra comunicadoras obligadas a dejar Nicaragua. El análisis abarca nueve medios fundados y dirigidos por mujeres, y fue actualizado en mayo de 2026.
El informe señala que todas las directoras de esos medios permanecen en el exilio, donde su visibilidad pública las expone al acoso digital. Una de las directoras citadas en el informe «El costo de informar: Mujeres periodistas nicaragüenses en el exilio» relató: «He ocultado a todo el personal y soy la que doy la cara y la que recibe los mayores ataques, las campañas de odio, la desnacionalización, confiscación. Lo que haya que recibir, lo he recibido yo».
Desde 2018, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó y declaró «traidores a la patria» al menos a 23 periodistas críticos, quienes perdieron su nacionalidad y, en algunos casos, sus propiedades. Según el Tribunal de Apelaciones de Managua, esta medida alcanza a 317 opositores, disidentes y críticos.
Entre las comunicadoras afectadas figuran Lucía Pineda, de 100 % Noticias; Jennifer Ortíz, de Nicaragua Investiga; Patricia Orozco, de Agenda Propia; además de Cristiana Chamorro, Sofía Montenegro y Silvia Nadide Gutiérrez.
La investigadora de La Sala Duyerling Ríos explicó que las directoras no solo conducen la línea editorial y gestionan la búsqueda de financiamiento, sino que también asumen la responsabilidad del cuidado familiar en contextos de desarraigo. «Cargan con la gestión del medio, la búsqueda de fondos y el rol estructural de cuidadoras domésticas en condiciones de desarraigo», afirmó.
El documento registra una transformación en la agenda de los medios nicaragüenses en el exilio entre 2022 y 2026. Cinco de las siete directoras entrevistadas lograron estructurar un plan de negocios y diversificar los contenidos hacia periodismo feminista, podcasts, fotoperiodismo cívico y narrativas multimedia. Estas estrategias buscan vincularse con audiencias internas en Nicaragua y con comunidades de la diáspora.
El informe también solicitó a organizaciones donantes internacionales que diseñen mecanismos flexibles que contemplen las desigualdades estructurales de género. Entre las recomendaciones figuran financiamiento adaptado, asistencia técnica en finanzas y mercadeo digital, así como programas de inserción económica para mujeres profesionales desplazadas.
Según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, con sede en Costa Rica, entre 2018 y 2026 el gobierno de Ortega y Murillo clausuró al menos 56 medios de comunicación, incluidos cinco allanados y confiscados, como La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y La Trinchera de la Noticia. Además, al menos 309 trabajadores de medios abandonaron el país por motivos de seguridad o fueron desterrados desde abril de 2018.
La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras ubica a Nicaragua en el puesto 168 de 180 países, por debajo de Cuba (160) y Venezuela (159), de acuerdo con datos recopilados por EFE.