El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, imputó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta participación en una trama de tráfico de influencias vinculada al rescate de la aerolínea Plus Ultra. Zapatero está citado a declarar el 2 de junio como investigado.
Madrid, 23 may (EFE). El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunto papel en una trama de tráfico de influencias. Es la primera vez en democracia que un expresidente es imputado en España.
Según el auto judicial, Zapatero estaría al frente de una red que habría utilizado contactos ante instancias públicas para favorecer a terceros, principalmente a la aerolínea Plus Ultra, a cambio de supuestas comisiones. La investigación se centra en los contactos para que la compañía recibiera un préstamo de 53 millones de euros aprobado por el Estado en 2021 y para que operara en Venezuela, así como en una estructura de empresas para canalizar pagos hacia el expresidente y su entorno.
Zapatero está citado a declarar el 2 de junio como investigado. Deberá acudir acompañado por su abogado, el catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena. En un comunicado, afirmó que ejercerá su derecho a la defensa “con toda la firmeza y toda la convicción” y explicará al juez que “jamás” ha realizado gestiones ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra.
La investigación, iniciada por la Fiscalía Anticorrupción en un juzgado de Madrid, fue elevada a la Audiencia Nacional. El Partido Popular, Vox y Hazte Oír ya se han personado como acusaciones populares, y otras cinco organizaciones, entre ellas Manos Limpias, están en trámites de hacerlo. Vox y Hazte Oír han solicitado al juez que retire el pasaporte diplomático a Zapatero y le prohíba salir de España; Hazte Oír también pide una fianza. El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé declaró públicamente que espera que el expresidente ingrese en prisión provisional tras su declaración.
El mismo día de la imputación, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía realizó varios registros simultáneos en el marco de la denominada “Operación Tíbet”. Los agentes incautaron documentación, material informático, agendas y el teléfono móvil de la secretaria del expresidente, María Gertrudis Alcázar, en el despacho de Zapatero, ubicado cerca de la sede del PSOE en la calle Ferraz, y en la empresa de sus hijas, What The Fav.
El juez también ordenó bloquear 490.780 euros en una cuenta bancaria de la que Zapatero es cotitular con su esposa, María Sonsoles Espinosa. Entre 2020 y 2025, esa cuenta recibió 1,5 millones de euros procedentes de transferencias de empresas de la presunta trama. La esposa de Zapatero aparece aludida en el auto como cotitular de esa cuenta.
La UDEF debe ahora analizar el material incautado para determinar los pagos recibidos por Zapatero y su entorno de la empresa Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez, y si esos pagos provenían de Plus Ultra. El juez también investiga la creación de una sociedad en Dubai, participada por la empresa Idella de Julio Martínez, que firmó un contrato para percibir el 1% del préstamo a Plus Ultra, sin que se tenga constancia de ese pago en España.
El auto judicial atribuye a Zapatero una “intervención directa” en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas a petcoke, oro, compraventa de acciones o divisas. El juez destaca los contactos de la red con Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos, y señala que los potenciales compradores de petróleo debían dirigirse a Zapatero mediante una “carta de intención”, por su “acceso directo” a los más altos niveles políticos.
El PP anunció que acudirá a la comisión de investigación sobre la SEPI del Senado. La atención también está puesta en el futuro judicial de las hijas de Zapatero, cuya agencia de marketing What The Fav es considerada por el juez como una “sociedad finalista” para canalizar pagos al expresidente.