La Universidad Nacional informó que entre 2024 y 2026 atendió 25 casos de amenazas, hostigamientos y violencia contra miembros de su comunidad. Nueve de ellos derivaron en denuncias penales ante la Fiscalía.
La Universidad Nacional informó que entre 2024 y 2026 ha atendido 25 casos relacionados con amenazas, hostigamientos y otras formas de violencia contra integrantes de su comunidad universitaria.
Según indicó la Rectoría, los hechos afectaron a 11 estudiantes, 7 docentes y 7 trabajadores administrativos en distintas sedes del país. La institución señaló que varios de estos casos están vinculados a intimidaciones derivadas de la participación, la expresión de opiniones o el ejercicio del derecho al disenso dentro de la Universidad.
La institución señaló que 9 de los casos dieron lugar a denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación, mientras que otros continúan en etapa de indagación con acompañamiento de entidades como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y personerías locales.
En un pronunciamiento oficial, la Rectoría rechazó los hechos y sostuvo que las diferencias políticas o institucionales no pueden resolverse mediante amenazas, hostigamientos o agresiones.
Casos reportados por la Universidad
Entre las personas mencionadas por la Universidad está Valentina Andrade, estudiante que, según la institución, recibió amenazas contra su vida e integridad por participar y expresarse dentro de espacios universitarios. También fueron incluidos los casos de Kevin David Arrigui, representante estudiantil; Gabriel Alejandro Gutiérrez Franco, señalado como víctima de intimidación y discursos de odio; y Alejandro Ramírez Díaz, quien habría sido hostigado y seguido en la Facultad de Ingeniería.
La Universidad también mencionó a Valentina Muñoz Samboni, de la sede Bogotá, y a Jesús Daniel Mieles Amaris, quien habría recibido amenazas contra su vida en la sede Palmira. En las sedes de La Paz y Caribe, la institución reportó además el caso de un estudiante indígena amenazado mediante medios digitales, así como el de un joven que tuvo que desplazarse por amenazas de reclutamiento forzado del ELN.
Otro de los casos expuestos corresponde a un estudiante admitido que abandonó San Andrés porque asistir a clases, según la Universidad, representaba un riesgo para su seguridad. “Detrás de cada nombre hay una persona real con un proyecto de vida que esta Institución tiene el deber de proteger”, señaló la UNAL.
Profesores y trabajadores también han denunciado intimidaciones
La Rectoría indicó que las situaciones de amenaza no se han limitado a estudiantes. Según el pronunciamiento, varios docentes en distintas sedes del país también han sido objeto de intimidaciones relacionadas con el ejercicio de la libertad de cátedra y el derecho al disenso. La Universidad manifestó que durante los últimos años las tensiones internas derivadas de diferencias sobre el rumbo institucional han estado acompañadas por episodios de matoneo, hostigamiento y amenazas dirigidas contra miembros de la comunidad universitaria.
“La intimidación aparece también entre nosotros, no podemos ni queremos guardar silencio, y tampoco permanecer sin actuar”, expresó la Rectoría. La institución agregó que ha brindado acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica y orientación en rutas de denuncia para las personas afectadas. También indicó que, en algunos casos, se han implementado medidas de protección física y traslados entre sedes. “Sabemos que estas medidas no bastan, pero sí expresan una voluntad institucional real de cuidar a quienes forman parte de esta casa”, señaló la Universidad.
Universidad formalizará protocolo de atención
La Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones relacionadas con varios de los casos denunciados por la institución. En paralelo, la Rectoría anunció la formalización de un Protocolo Integral de Actuación Frente a Amenazas y Agresiones, articulado con la Ruta de Atención a Violencias Basadas en Género y otras entidades estatales. De acuerdo con la Universidad, este mecanismo establecerá rutas de denuncia, atención psicosocial y acompañamiento jurídico para estudiantes, docentes y trabajadores afectados por hechos de violencia dentro de la institución.
La posición institucional fue presentada en el marco del denominado Año de la Paz, iniciativa impulsada por la Universidad para promover la convivencia, el diálogo y la defensa de los derechos dentro de la comunidad universitaria. “En la Universidad ninguna víctima de violencia deberá enfrentar ese camino en soledad. Quien amenace, hostigue o agreda a un miembro de esta comunidad deberá responder ante la ley”, indicó la institución.
Finalmente, la Rectoría reiteró el llamado a resolver las diferencias institucionales a través del diálogo y rechazó el uso de mecanismos de intimidación o violencia dentro de los espacios universitarios. “La violencia no construye, no convence y no gana. Siéntense a dialogar”, concluyó el pronunciamiento.