La resolución busca anticipar riesgos de lavado, narcotráfico y crimen organizado en obras de minería, energía e infraestructura.
El Ministerio de Seguridad Nacional publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 461/2026, mediante la cual creó una mesa especial de coordinación para monitorear amenazas vinculadas a los proyectos que ingresen al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La medida fue impulsada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva.
Según el texto oficial, la mesa articulará el trabajo entre fuerzas federales, provincias y empresas privadas para prevenir la infiltración de organizaciones criminales. Entre los riesgos identificados se mencionan el lavado de activos, la corrupción pública y privada, la extorsión y la infiltración criminal en actividades económicas lícitas.
El Gobierno justificó la decisión en el crecimiento del régimen de inversiones. Hacia fines de 2025, existían una docena de proyectos aprobados formalmente, con compromisos de inversión superiores a los US$13.000 millones. Además, hay más de veinte proyectos adicionales en evaluación.
“Las inversiones se concentran en múltiples jurisdicciones provinciales estratégicas, entre las que se destacan las provincias de San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, lo que implica una amplia dispersión territorial, la necesidad de articulación con autoridades locales y la coexistencia de diversos contextos logísticos, productivos y de seguridad”, indicó la resolución.
La mesa funcionará como un ámbito permanente de coordinación interinstitucional e integrará a la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Unidad Antimafia y las fuerzas federales. También podrán ser convocadas autoridades provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y la Sedronar.
El esquema prevé cooperación con empresas privadas, cámaras empresarias, operadores logísticos y concesionarios de infraestructura. El Gobierno aclaró que no se crearán nuevas cargas burocráticas ni costos adicionales para las compañías, sino que se implementarán protocolos de prevención, capacitaciones y canales de reporte de riesgos.
“La presente Mesa se constituye como una herramienta de acompañamiento a las inversiones estratégicas promovidas en el ámbito del RIGI a fin de fortalecer la seguridad jurídica, reducir riesgos operativos y aportar certeza respecto de la continuidad y normal desenvolvimiento de las operaciones, en un entorno que procura mitigar los riesgos asociados a eventuales amenazas de la criminalidad organizada”, explicó la resolución.
Un rol central lo tendrán la Unidad Antimafia —creada en 2024— y el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas, lanzado el año pasado para monitorear fenómenos vinculados al narcotráfico y al desvío de precursores químicos.
“En contextos de grandes proyectos de inversión, la dinámica poblacional, laboral y urbana asociada a su desarrollo puede generar escenarios de vulnerabilidad social que requieren abordajes preventivos integrales, resultando pertinente incorporar estrategias de sensibilización, prevención, asistencia y fortalecimiento comunitario en el marco de las políticas públicas vigentes”, concluyó el texto oficial.