El Ejecutivo provincial anunció que será parte activa en la causa judicial contra Lidia Mabel Ojeda, detenida por ejercicio ilegal de la medicina, y apartó a dos autoridades sanitarias mientras avanza la investigación.
El Gobierno del Chaco fijó su posición pública sobre el caso de Lidia Mabel Ojeda, la mujer detenida e imputada por presunto ejercicio ilegal de la medicina, tras haberse desempeñado en hospitales públicos utilizando una matrícula ajena. La conferencia fue encabezada por la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, junto al ministro de Salud, Sergio Rodríguez; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; y el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro. No se aceptaron preguntas de la prensa al finalizar la exposición.
Durante el mensaje oficial, Meiriño sostuvo que la gestión provincial actuó con transparencia desde el inicio de la investigación y cuestionó las críticas opositoras. “Nuestro Gobierno informa la verdad y la transparencia en cada situación que atravesamos, a diferencia de épocas anteriores donde la información se tapaba”, afirmó. Además, remarcó que las primeras denuncias fueron impulsadas desde el propio sistema sanitario provincial.
Según reconstruyó el Ejecutivo, el caso comenzó el 15 de abril de 2026, cuando el director del Hospital de Quitilipi elevó un informe alertando sobre la presencia de una mujer que realizaba guardias médicas utilizando la matrícula profesional N° 6822. Tras las averiguaciones, el Ministerio de Salud confirmó que la acusada no tenía relación formal de dependencia y que la matrícula pertenecía a otro profesional. Se radicaron denuncias ante la Mesa Única de Ingreso y Trámite y por presunta usurpación de títulos.
En paralelo, el Gobierno inició una Información Sumaria administrativa y resolvió apartar preventivamente de sus cargos al director de la Región Sanitaria II y al director del Hospital de Quitilipi. Además, el Ejecutivo se constituyó formalmente como querellante en la causa judicial. “Desde el primer momento en que se detectó la irregularidad activamos todos los resortes necesarios con la única finalidad de llegar a la verdad real”, sostuvo Meiriño.
La investigación judicial sumó una acusación más grave: la mujer fue imputada por homicidio con dolo eventual. La pesquisa analiza al menos tres muertes presuntamente vinculadas a sus intervenciones. Durante allanamientos se secuestró documentación médica, sellos oficiales, uniformes sanitarios y restos de papeles quemados. El caso también abrió un frente político, con una denuncia del interbloque Frente Chaqueño contra el Ministerio de Salud por presuntas fallas de control.