En 2023, Manuel Adorni ganó el Martín Fierro Digital como mejor twittero. Dos años después, su gestión como Jefe de Gabinete enfrenta cuestionamientos por viajes oficiales y su patrimonio.
En 2023, Manuel Adorni obtuvo el Martín Fierro Digital en la categoría “Mejor twittero”, en una ceremonia organizada por APTRA. La entidad, que desde 1959 entrega los premios más tradicionales de la industria audiovisual argentina, extendió desde 2018 su alcance a contenidos nativos de plataformas digitales. Estos galardones reconocen a las figuras más influyentes del ecosistema online, evaluando alcance, interacción, impacto público y capacidad de generar agenda en redes sociales, junto con la evaluación de periodistas especializados.
La categoría “Mejor twittero”, centrada en la red social X, premia a perfiles con fuerte presencia, volumen de seguidores y capacidad de instalar temas en la conversación pública. Adorni, actual Jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, se había consolidado previamente como uno de los usuarios más visibles del debate político argentino en redes, con publicaciones de tono directo, irónico y confrontativo, que lograban amplia circulación y repercusión mediática. Su crecimiento como figura digital fue sostenido durante años, hasta alcanzar una notoriedad que lo posicionó como referente.
El reconocimiento se produjo en un momento bisagra: pocos días después de que se confirmara su desembarco como el principal vocero de Presidencia, lo que amplificó el significado político y mediático del premio. Durante la ceremonia, el funcionario libertario mantuvo un discurso breve. Al recibir la estatuilla agradeció a APTRA y a su familia, y cerró con una frase que generó repercusión: “Si quiero grieta. Si quiero, a los delincuentes, a los corruptos, a los chorros, a todos lo que no le hace bien a la Argentina de un lado y a la gente de bien del otro. Gracias”.
Sin embargo, a partir de febrero de este año, una secuencia de episodios protagonizados por el ganador de la dorada estatuilla combinó diversos cuestionamientos, que van desde el uso de recursos del Estado, viajes privados y dudas sobre su patrimonio, con investigaciones abiertas y denuncias penales en trámite. El punto de inflexión fue su participación en la denominada “Argentina Week” en Nueva York, viaje oficial al que asistió junto al presidente Milei. La polémica se desató cuando se confirmó que en el avión presidencial también había viajado su esposa, Bettina Angeletti, quien no ocupa ningún cargo público. Adorni admitió la situación y la justificó: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”. La inclusión de su pareja generó pedidos de informes en el Congreso y denuncias por posible uso indebido de bienes del Estado, ya que la normativa vigente limita el uso de aeronaves oficiales a funciones estrictamente públicas. Días después, el funcionario reconoció el error y pidió disculpas, afirmando que “fue una pésima decisión”, aunque sostuvo que “no se trató de un delito”.
En paralelo, salió a la luz otro episodio: un viaje a Punta del Este realizado en un avión privado junto a su familia. Ese traslado, cuyo costo se estimó en alrededor de 10.000 dólares, también quedó bajo investigación judicial para establecer quién lo financió y si resulta compatible con los ingresos declarados del funcionario. La existencia de ese vuelo, sumada al caso de Nueva York, dio lugar a múltiples denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y otras figuras penales impulsadas por dirigentes políticos.
El eje de las polémicas se extendió luego hacia su patrimonio personal. En medio de las críticas, Adorni aseguró públicamente: “A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado, no tengo nada que esconder”, aunque evitó brindar detalles específicos alegando la existencia de causas judiciales abiertas. Sin embargo, distintas informaciones señalaron inconsistencias o dudas en torno a sus bienes. Por un lado, se mencionó una vivienda vinculada a su entorno en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, señalada en denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. Por otro, el propio funcionario reconoció residir en el barrio porteño de Caballito, aunque remitió a su declaración jurada para verificar la totalidad de sus propiedades. Investigaciones periodísticas posteriores profundizaron estas dudas al revelar operaciones inmobiliarias bajo análisis.