Las cámaras empresarias del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires declararon el estado de emergencia y exigen al Estado el pago de una deuda millonaria. De no haber respuestas, se reducirán frecuencias, especialmente en horarios nocturnos.
El sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una situación crítica. Las cámaras empresarias que agrupan a las líneas de colectivos se declararon en estado de emergencia y advierten que, si el Estado no salda una deuda superior a los 128 mil millones de pesos y actualiza la estructura de costos, aplicarán recortes drásticos en el servicio, con especial impacto en los horarios nocturnos.
Mediante un comunicado conjunto, las empresas señalaron la falta de respuesta de las autoridades nacionales y bonaerenses ante las medidas que implementaron a principios de abril. Señalan que el sector no ha recibido soluciones concretas para afrontar el aumento del combustible. “La actual situación resulta insostenible”, expresaron los directivos.
El conflicto se centra en el atraso de los subsidios y la falta de pagos por parte del Estado. Las agrupaciones empresariales —que incluyen a CTPBA, CEAP, CETUBA y CEUTUPBA— denunciaron una deuda en concepto de compensaciones que supera los 128 mil millones de pesos. Afirman que mantienen el servicio solo mediante un enorme esfuerzo privado.
La fecha límite para una definición es el jueves 30 de abril, cuando se realizará una reunión clave en la Secretaría de Transporte de la Nación. Si no hay avances, el impacto recaerá sobre los usuarios. Fuentes del sector indicaron que se profundizará la reducción de frecuencias, especialmente en horarios de menor demanda, lo que agravaría las demoras actuales.
Las cámaras recordaron que agotaron múltiples instancias de diálogo con el Estado, donde expusieron la gravedad financiera y presentaron propuestas para mejorar la red de movilidad metropolitana.
Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA reveló que la circulación de colectivos en trayectos interjurisdiccionales cayó hasta un 40% en abril, afectada por el impacto de la guerra en Irán en los precios internacionales de la energía. El estudio muestra un desfasaje en la estructura de costos: los subsidios se calculan sobre un gasoil a $1.744 el litro, mientras que el valor real supera los $2.100. Para mantener la flota operativa, el Estado debería inyectar al menos $17.500 millones adicionales por mes.
Los especialistas advierten que, si las empresas trasladan el aumento del combustible al boleto para evitar quebrar, se requeriría una suba del 16%, que se sumaría a los incrementos ya previstos para el año, afectando la economía de los trabajadores.