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Un informe analiza las consecuencias de las medidas que amplían la cooperación entre autoridades locales y federales en el estado, su efecto en las comunidades y la respuesta de las instituciones.
La política migratoria impulsada en Florida, basada en la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha generado un debate sobre sus consecuencias para los residentes. El estado implementó medidas que obligan a agencias locales a participar en tareas vinculadas al control migratorio.
Según datos de la oficina del ICE en Miami, citados por la columnista Mary Ellen Klas de Bloomberg Opinion, se registraron 41.000 arrestos entre enero de 2025 y marzo de 2026, una cifra superior a la de otras regiones de Estados Unidos. Este incremento se vincula con la ampliación de la cooperación entre autoridades locales y federales.
Las políticas apoyadas por el gobernador Ron DeSantis se basan en acuerdos del programa 287(g), que permiten a fuerzas de seguridad estatales asumir funciones asociadas a inmigración bajo supervisión federal. Florida amplió este modelo a múltiples condados, convirtiéndose en el primer estado en extenderlo a todas sus jurisdicciones.
Según el Instituto de Política Migratoria, en el sur del estado, especialmente en Miami-Dade y Monroe, se concentra una población estimada de 356 mil personas sin estatus regular. Los datos indican que gran parte de la población alcanzada por estas medidas proviene de Venezuela y países de Centroamérica.
El sistema permite que infracciones menores, como controles de tránsito, deriven en procesos migratorios. La Patrulla de Carreteras de Florida capacitó a cerca de 1800 agentes para estas tareas, lo que, según Klas, modificó su funcionamiento habitual, generando cambios en la disponibilidad de personal, aumento de horas extra y demoras en la atención de incidentes viales.
Investigaciones de la Universidad del Sur de Florida describen efectos en la vida cotidiana de las comunidades inmigrantes, incluyendo incertidumbre legal y cambios en el acceso a servicios básicos. El estudio señala que personas de distintos estatus migratorios evitan asistir a hospitales, escuelas o instituciones religiosas por temor a ser identificadas.
«Los participantes describen una creciente inestabilidad laboral, una movilidad reducida, un mayor temor a la separación familiar y una disminución de la confianza en las fuerzas del orden», detalla el informe. También se documenta el impacto emocional en niños y jóvenes, quienes asumen mayores responsabilidades, a menudo en perjuicio de su educación y bienestar.
A pesar del aumento en las detenciones, los informes citados no muestran una reducción clara en los índices de criminalidad, un punto que forma parte del debate sobre la efectividad de las medidas. «Florida y otros estados deberían abandonar el uso de los acuerdos 287(g) porque causan más daño que beneficio», aseguró Klas.