Un estudio de Protección Digital Argentina midió la percepción social sobre los peligros que enfrentan niños y adolescentes en redes sociales, mostrando un amplio apoyo a la implementación de políticas públicas de protección.
Una encuesta realizada por Protección Digital Argentina, junto a Proyección Consultores e IADEPP, expuso el alto nivel de preocupación de los adultos respecto a los riesgos que enfrentan los menores de edad en el entorno digital. El relevamiento midió la percepción de la sociedad argentina sobre un ecosistema tecnológico que avanza sin controles claros.
El contacto de menores con desconocidos en internet fue identificado como la principal amenaza, con un 81,6% de los encuestados calificándolo de riesgo alto. En segundo lugar se ubicó la exposición a contenidos violentos o sexuales (76,9%), seguida por la pérdida de privacidad y el uso indebido de datos personales (73,3%). Otras preocupaciones incluyeron la influencia de algoritmos que moldean comportamientos y el uso excesivo de pantallas.
La demanda de regulación estatal resultó contundente: el 80% de los encuestados apoya que el gobierno implemente medidas concretas. Entre las políticas más solicitadas se encuentran prohibir algoritmos que generen adicción, restringir la recopilación de datos de menores y adaptar contenidos según la edad. Además, un 79% respalda auditorías públicas y mayor transparencia en el funcionamiento de las plataformas.
Si bien el 79,5% de los consultados considera que la mayor responsabilidad recae en las familias, la percepción amplía el foco hacia un rol más activo del Estado y las empresas tecnológicas. La desconfianza hacia estas compañías quedó en evidencia: solo el 30,7% confía en que protejan adecuadamente a los menores.
El estudio señala que la preocupación aumenta con el nivel educativo y socioeconómico, y que quienes mejor manejan las tecnologías comprenden los límites del control parental frente a plataformas diseñadas para ser adictivas.
La encuesta refleja que la sociedad argentina observa las medidas implementadas en otros países, como Australia, que prohibió las redes sociales a menores de 16 años, o Francia, que estableció la barrera en los 15. La Unión Europea también avanza en normativas comunes. La conclusión del estudio sugiere que la regulación no se percibe como censura, sino como una herramienta necesaria para garantizar derechos en un mundo digital que avanza más rápido que las leyes.