Los ataques aéreos y operaciones terrestres israelíes han aislado la región sur, generando desplazamientos masivos y daños en infraestructura crítica, mientras se intensifican los debates sobre el derecho internacional humanitario.
Los ataques aéreos y las operaciones terrestres israelíes desarrolladas durante el último mes han generado un creciente aislamiento del sur del Líbano respecto al resto del país. Esta situación ha provocado el despoblamiento de decenas de localidades y afectado servicios públicos esenciales para los residentes que permanecen en la zona.
Esta semana, Israel anunció su intención de establecer el control sobre el territorio al sur del río Litani, con el objetivo declarado de crear una «zona de amortiguación» frente al grupo armado Hezbollah. Este grupo, aliado de Irán, inició hostilidades contra Israel el pasado 2 de marzo. El anuncio ha reavivado preocupaciones por una posible ocupación prolongada, recordando la presencia militar israelí en la zona que se extendió por más de dos décadas hasta el año 2000.
El ejército israelí ha emitido órdenes de evacuación para la población del sur, afectando a cientos de miles de personas. Según cifras del Ministerio de Sanidad libanés, los ataques aéreos israelíes han causado más de 1100 víctimas mortales en todo el Líbano, y los desplazamientos superan el millón de personas.
Las autoridades israelíes sostienen que sus operaciones se dirigen contra instalaciones utilizadas por Hezbollah, acusando al grupo de poner en riesgo a la población civil al ubicar armamento en zonas pobladas. Israel afirma que adopta precauciones, advirtiendo con antelación a los civiles para que abandonen las áreas de conflicto. Por su parte, Hezbollah ha negado utilizar infraestructura pública con fines militares.
El aislamiento de la región se ha visto agravado por la destrucción de al menos siete puentes sobre el río Litani, seis de ellos dañados directamente por ataques israelíes. Naciones Unidas ha señalado que esta situación deja a decenas de miles de personas aisladas y fuera del alcance de la ayuda humanitaria.
Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, han recordado que el derecho internacional prohíbe los ataques contra infraestructuras cuando el daño colateral a la población civil es desproporcionado, incluso si dichas infraestructuras tienen un uso militar. Se ha alertado sobre el riesgo de una «catástrofe humanitaria» si el sur queda completamente aislado.
La crisis también impacta en los servicios básicos. Según la Organización Mundial de la Salud, cuatro hospitales en el sur han sufrido daños parciales, dos de los cuales permanecen cerrados. El Ministerio de Salud libanés reporta que más de 40 trabajadores sanitarios han perdido la vida en los ataques. Además, dos centrales eléctricas clave y dos estaciones de agua en el sur están fuera de servicio, según informaron las autoridades libanesas del sector.
Coordinadores humanitarios de la ONU han subrayado que el personal sanitario y la infraestructura civil, incluidos los centros de salud, están protegidos por el derecho internacional humanitario, calificando las pérdidas actuales como «inaceptables».