Un veredicto judicial emitido en California, Estados Unidos, a principios de 2026, ha generado un terremoto en el ecosistema legal y tecnológico global. La justicia norteamericana determinó, en un litigio colectivo masivo, que una plataforma de redes sociales es civilmente responsable por los daños a la salud de adolescentes, atribuidos al diseño intencionalmente adictivo de sus funciones. Este fallo marca un quiebre con la doctrina que durante décadas protegió a las empresas de internet como meros intermediarios de contenidos.
Del «producto defectuoso» a la responsabilidad objetiva
La sentencia estadounidense se basó en la teoría de la responsabilidad por productos defectuosos, equiparando características como el scroll infinito o las notificaciones persistentes a un «riesgo previsible». El tribunal consideró que la arquitectura algorítmica, al estar diseñada para maximizar el tiempo de pantalla de los menores sin considerar su bienestar psicológico, constituye un mecanismo dañino. Este razonamiento trasciende la moderación de contenidos y se centra en la toxicidad intrínseca del diseño.
El encaje legal en el derecho argentino
En Argentina, el artículo 1757 del Código Civil y Comercial establece la responsabilidad objetiva de quien se beneficia económicamente de una actividad riesgosa. Juristas consultados por Ciudad Cero coinciden en que este principio podría aplicarse a las plataformas digitales cuyos modelos de negocio se sustentan en algoritmos que generan dependencia. «Si una empresa obtiene rédito de un sistema que crea un riesgo de adicción, ansiedad o trastornos alimentarios en menores, existe un fundamento legal sólido para exigirle reparación», explica una fuente especializada en derecho digital.
El obstáculo procesal: las acciones colectivas
El mayor desafío para la justicia local no radica tanto en el fondo del asunto, sino en la forma. El caso californiano prosperó gracias a figuras procesales como el litigio multidistrital, que permite agrupar miles de demandas individuales. En Argentina, la legislación sobre procesos colectivos es considerada por muchos expertos como insuficiente y poco ágil para enfrentar conflictos de esta escala y complejidad tecnológica.
«Sin herramientas procesales robustas, cada familia afectada debería iniciar un camino judicial largo y costoso, lo que en la práctica actúa como un desincentivo», señala un analista. Esta asimetría procesal entre el ciudadano y un gigante tecnológico con vastos recursos legales es una de las principales barreras.
Hacia una regulación proactiva
Ante este escenario, se discute la necesidad de una regulación específica que aborde el bienestar digital. Los ejes propuestos incluyen la «Responsabilidad por Diseño», que obligue a las empresas a responder por la arquitectura de sus algoritmos; auditorías obligatorias previas al lanzamiento de funciones dirigidas a menores (Safety by Design); y la inversión de la carga de la prueba, donde sea la plataforma la que deba demostrar la inocuidad de su sistema.
El fallo de California funciona como un espejo para el sistema legal argentino, que debe decidir si se adapta a los daños masivos de la era digital o permanece como un espectador de conflictos para los que no está preparado. La protección de niños y adolescentes, como sujetos de tutela constitucional preferente, emerge como el núcleo del debate.