Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó este martes a favor de la República Argentina en el litigio por la expropiación de YPF en 2012. La decisión, emitida por el Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York, anula el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, que había condenado al país a desembolsar una indemnización de aproximadamente 16.000 millones de dólares.
Fundamentos del fallo a favor del Estado argentino
El tribunal, con un voto dividido de dos a uno, fundamentó su decisión en dos aspectos centrales del derecho argentino. En primer lugar, determinó que los estatutos de YPF no generaban obligaciones contractuales bilaterales para el Estado frente a los demás accionistas. En segundo término, estableció que, incluso si existiera tal contrato, las reclamaciones por daños están excluidas por la ley pública que rigió la expropiación.
«La Constitución argentina establece desde 1853 que la expropiación por razones de utilidad pública calificada por ley y previamente indemnizada es un límite razonable a la inviolabilidad de la propiedad privada», explicó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, destacando el marco legal de la decisión de 2012.
Consistencia en la defensa y reacciones
Expertos legales consultados resaltaron la importancia de la continuidad en la estrategia de defensa del Estado a través de distintos gobiernos. «Es muy valioso que el Estado argentino haya sostenido la misma postura en el juicio a lo largo de distintas administraciones», señaló un analista, haciendo referencia al mantenimiento del estudio jurídico Sullivan & Cromwell y de los argumentos centrales desde 2020.
El fallo representa un revés significativo para Burford Capital, la firma que financió la demanda de los accionistas. Tras conocerse la noticia, las acciones de la compañía se desplomaron más de un 40% en la bolsa de valores.
Implicancias y contexto de la expropiación
La decisión judicial reaviva el debate sobre el impacto de la recuperación de la controlante de YPF. Desde diversos sectores se argumenta que la medida, impulsada en 2012, fue fundamental para el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta. Exfuncionarios de distintas gestiones coincidieron en que la expropiación permitió al Estado retomar la política energética y mejorar la balanza comercial del sector.
«Sin capacidad soberana no hay política industrial. Y sin política industrial, Argentina no puede prosperar», reflexionó el exministro de Economía Martín Guzmán en sus redes sociales, ejemplificando con el caso YPF. La sentencia, aunque podría ser apelada, marca un hito crucial en un litigio que se extendió por años y que involucró sumas estratosféricas.