Ley de Glaciares: el Gobierno busca devolverle el favor a las provincias en el Senado

• Mendoza sobre la ley de Glaciares: «El peor escenario es que la norma quede en letra muerta»

• San Juan sobre la ley de Glaciares: «La adecuación nos permite proteger el agua con ciencia y no con miedos»

Todas las provincias que componen la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre le dieron, con quorum o con votos, apoyo al Gobierno en la reforma laboral: Catamarca, Jujuy, Mendoza, Salta y San Juan. Eso, según apuntan desde la oposición, fue uno de los principales alicientes para que Casa Rosada impulse una modificación a la actual Ley de Glaciares. Aunque no se conoce el texto final del proyecto que alteraría la posible explotación minera en fuentes de reservas hídricas, el oficialismo está confiado en lograr la media sanción en el Senado y apunta a que existen u$s30.000 millones de inversión en juego.

Desde las 11 del jueves, la Cámara alta tratará cambios en los regímenes de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglacial (Ley 26.639), diferenciando a las «áreas de periglaciares» de las «geoformas periglaciales» y sujetando su pertenencia al Inventario Nacional de Glaciares (ING) a ser reconocidas como «reservas estratégicas» por estudios de la «autoridad con competencia ambiental de la jurisdicción» local. En las que puedan ser explotadas, quedarán prohibidas las actividades que puedan «alterar de modo relevante su condición natural».

Las primeras revisiones técnicas desconfían de la laxitud de la terminología legislativa (¿cuándo se llega al estatus de “reserva estratégica” y al de alteración “relevante”?), del efecto que podría provocar la explotación minera en una provincia sobre el acceso hídrico en otra y de la libertad efectiva de fiscalización de las autoridades locales para determinar qué geoformas integrarán el ING. A su vez apuntan al estado del sector: entre 2020 y 2023 la extracción minera creció el 31,3% -según el informe oficial Mining in Argentina-, mientras que la producción subió un 3,3% interanual en 2025 -según el Índice de Producción Industrial minero-, aunque se contrajo un 5,3% interanual en la cantidad de puestos de trabajo involucrados -según el último dato del 2025 de la Secretaría de Minería-. Todo esto con la ley del 2010.

La votación del Senado implementará cambios a la hora de la votación sobre el texto que fue dictaminado en diciembre, al igual que lo ocurrido con la reforma laboral. “Con la nueva redacción, el criterio para que el glaciar pueda ser excluido del ING se vuelve más exigente. Ya no alcanza con la ausencia de una función aislada, sino que debe comprobarse que el glaciar no cumple con las funciones que justifican su protección”, explicó a Ámbito una de las senadoras de provincias aliadas vinculadas en las observaciones al proyecto oficialista. “El principal escollo es en relación a las competencias de las provincias cuando se tomen decisiones que afecten a otras. Se están evaluando alternativas para dirimir esas cuestiones”, aseguraron desde la UCR.

Con esas sugerencias incorporadas, que se materializarán en la redacción final a anunciarse en la misma sesión, el proyecto alcanzaría una mayoría que también podría tener acompañamiento del bloque mayoritario peronista: si bien existen resquemores en acompañar un proyecto con padrinazgo libertario, la representación de algunas provincias mineras ponen en tensión la postura de algunos senadores justicialistas.

Ley de Glaciares: diputados ya se anticipan al debate

Esta semana, miembros de tres bloques de la Cámara de Diputados viajaron a Mendoza para participar de una conferencia informativa en la sede central del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), el organismo que actualmente se involucra en la confección del ING. Fueron la santacruceña Moira Lanesan Sancho y la neuquina Adriana Serquis (Unión por la Patria), el santafesino Esteban Paulón (Provincias Unidas) y el porteño Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). Según pudo saber este medio, la mendocina Mercedes Llano (La Libertad Avanza) fue invitada para participar del evento, pero decidió ausentarse.

«Preocupa que los equipos científicos responsables del inventario y del estudio técnico no hayan sido consultados en la elaboración de la reforma que se está impulsando”, planteó Ferraro a Ámbito luego del viaje, considerando que en la redacción existe “una mirada de desarrollo muy centrada en el corto plazo. Se parte de la idea de que los estándares ambientales son un obstáculo y que flexibilizarlos va a acelerar inversiones. Los países que lograron consolidar sectores mineros fuertes lo hicieron con estabilidad jurídica y organismos técnicos sólidos, no bajando estándares sino generando confianza”.

Ferraro también se refirió a la seguridad jurídica al opinar sobre las potenciales fiscalizaciones locales: “Cuando se debilita ese marco nacional el resultado no es más inversión, es más incertidumbre. […] Si cada provincia pudiera reinterpretar el ING según su conveniencia, se rompe el concepto mismo de presupuesto mínimo y se fragmenta el sistema de protección ambiental”.

Por su parte, Adrián Serquis comentó que las reservas hídricas de las geoformas periglaciales «son un bien estratégico común que no pueden tener fronteras provinciales» y consideró que se trata de «un cambio regresivo y anticonstitucional porque las zonas que antes estaban protegidas ahora van a dejar de estarlo por definiciones poco precisas». “Se abre la puerta a la privatización de las fuentes de agua”, planteó más tajante Esteban Paulón, que remarcó que “no hay elementos técnicos que indiquen por qué sería pertinente modificar la legislación actual”, que entendió que establece un equilibrio para el desarrollo de la actividad minera y la provisión hídrica a áreas secas para el consumo doméstico y la actividad agropecuaria.