La causa que lleva adelante el juez Casanello se inició a partir de unas serie de audios que tomaron estado publico donde se discutían supuestos pagos de coimas vinculados a contrataciones del Estado con la droguería Suizo Argentina, principal proveedora de medicamentos de la ANDIS. Esos audios —atribuidos al propio Spagnuolo— comprometen a una red que incluiría a Karina Milei, Eduardo «Lule» Menem, y a los empresarios Emmanuel y Jonathan Kovalivker, entre otres.
La causa penal en curso está bajo secreto de sumario prorrogado hasta el jueves 19 de septiembre. En ese marco el fiscal Franco Picardi ordenó una nueva serie de allanamientos simultáneos. El objetivo fue rastrear los ingresos y egresos de los barrios privados donde residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker -dueños de la droguería Suizo Argentina- y Diego Spagnuolo.
Corrupción con fondos públicos: los hechos
La causa estaría investigando la “ruta de sobornos” entre el sector privado farmacéutico y funcionarios del gobierno libertario. En estos allanamientos que se llevaron adelante este viernes, en domicilios de los Kovalivker y exfuncionarios como Spagnuolo y Daniel Garbellini, se secuestró documentación y se exigieron registros de ingresos y egresos de los barrios privados desde principios de 2024. Además, en un tercer operativo, en la sede del banco BBVA, se detectó una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo con 80.000 dólares en efectivo.
Cerimedo, ¿testigo o engranaje?
Otro actor que ingresó a escena es el consultor Fernando Cerimedo, conocido operador digital del espacio libertario. Se presentó en Comodoro Py “con ganas de declarar”, intentando posicionarse como testigo, pero sus dichos podrían derivar en un futuro procesamiento.
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Cerimedo aseguró ante el fiscal Picardi que Spagnuolo le había hablado “reiteradamente de hechos de corrupción”, confirmando así la veracidad del contenido de los audios filtrados. La jugada no le salió del todo bien: su testimonio terminó fortaleciendo la hipótesis de la fiscalía y exponiéndolo aún más.
Además, tanto él como su pareja -exfuncionaria pública- podrían ser acusados por encubrimiento de delitos vinculados al manejo fraudulento de fondos públicos.
El caso Suizo Argentina: complicidad empresaria y obstáculos judiciales
El juez Sebastián Casanello presentó una denuncia penal contra el jefe de sistemas de Suizo Argentina por resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio. En el allanamiento del 29 de agosto, el empleado se negó a colaborar con el acceso a correos electrónicos y servidores de la empresa, obstaculizando el procedimiento.
La empresa alega que los datos incluyen información confidencial de pacientes, pero para la Justicia esto es solo una excusa para evitar la entrega de pruebas clave.
Este viernes el juez Casanello ordenó el congelamiento de las cajas de seguridad de la familia Kovalivker, dueña de la Droguería Suizo Argentina, en el marco de la investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La medida se tomó tras la declaración indagatoria del ex asesor presidencial Fernando Cerimedo, quien reveló que el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, le había anticipado la existencia de un sistema de recaudación ilegal basado en retornos indebidos que “llegaban hasta Lule Menem y Karina Milei”. La orden del magistrado también alcanza al ex funcionario Matías Garbellini, sospechado de ser el intermediario designado por Lule Menem entre el clan Kovalivker -presuntos responsables de recaudar el dinero de las coimas pagadas por los laboratorios- y el propio Spagnuolo, cuyo audios filtrados fueron los que originaron las sospechas de esta presunta trama de corrupción.
Un modelo podrido hasta la médula
Este nuevo capítulo del escándalo expone una vez más la hipocresía del discurso “anticasta” con el que Milei y su gabinete llegaron al poder. Bajo promesas de “terminar con la corrupción y los privilegios del Estado”, se montó un esquema de negociados privados con fondos públicos, con funcionarios y empresarios que se enriquecen a costa de recortar derechos a los sectores vulnerables.
Mientras recortan presupuestos, dejan a miles de personas con discapacidad sin cobertura, despiden trabajadores estatales y quitan medicamentos esenciales, los dólares aparecen en cajas fuertes al calor de las coimas y negociados. El gobierno de Javier Milei, con Karina Milei y “Lule” Menem involucrados en estas maniobras, muestra su verdadera cara: un régimen de ricos para ricos, sostenido por la pasividad cómplice de todas las centrales sindicales, que se niegan a convocar un verdadero plan de lucha para enfrentar y derrotar este plan económico y político que ataca brutalmente las condiciones de vida de las mayorías populares.