Harvard anunció el martes que cumplirá con las demandas de la administración del presidente Donald Trumppara entregar formularios de verificación laboral de miles de empleados universitarios, aunque por el momento se negó a compartir los registros de quienes trabajan en roles reservados exclusivamente para estudiantes.
La universidad informó en un correo electrónico dirigido a sus empleados que a principios de julio recibió una notificación de inspección y una citación del Departamento de Seguridad Nacional.
La solicitud busca revisar los formularios I-9 y la documentación de respaldo, los cuales son utilizados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para verificar la identidad y autorización laboral de las personas contratadas en el país.
Harvard reconoció que la ley federal permite al gobierno acceder a estos registros como parte de su autoridad para supervisar el cumplimiento de la normativa laboral y migratoria por parte de los empleadores estadounidenses.
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Sin embargo, la institución indicó que está evaluando si compartir los registros de empleados en puestos estudiantiles cumple con los requisitos de privacidad establecidos por otras regulaciones.
Este conflicto legal forma parte de una disputa entre Harvard y la administración Trump, luego de que el gobierno congelara miles de millones de dólares en fondos federales destinados a la universidad. Harvard presentó una demanda contra el gobierno a principios de este año para recuperar esos recursos.
El congelamiento de fondos federales a universidades se ha convertido en un mecanismo de presión por parte de la Casa Blanca. Trump ha amenazado con recortar el financiamiento a instituciones educativas que promueven protestas pro-palestinas, políticas climáticas, derechos de personas transgénero y programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
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Estos temas, considerados centrales por muchos campus, han sido blanco de críticas en el contexto de un enfoque más restrictivo del gobierno federal hacia el activismo de izquierda en las universidades.
Según informó el New York Times el lunes, Harvard estaría dispuesta a gastar hasta 500 millones de dólares para llegar a un acuerdo con el gobierno y poner fin a la disputa legal, una cifra significativamente superior a los aproximadamente 200 millones que acordó pagar recientemente la Universidad de Columbia en una negociación similar.
Las conversaciones siguen en curso, y Harvard se ha mostrado reacia a aceptar la designación de un supervisor externo como parte de un posible acuerdo.
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Mientras tanto, el Departamento de Justicia intensificó su escrutinio sobre otras universidades. El lunes, inició una investigación contra la Universidad de Duke y su revista jurídica, Duke Law Journal, para determinar si el proceso de selección de editores favorece a candidatos de comunidades minoritarias, lo que constituye una violación de la ley federal de derechos civiles.
Un día después, el gobierno notificó a Duke que congelará 109 millones de dólares en fondos federales. De manera paralela, se acusó a la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) de violar la legislación federal en materia de derechos civiles, aunque tanto Duke como UCLA evitaron hacer comentarios inmediatos.