En el marco por el juicio de YPF, la jueza Loretta Preska le ordenó a la Argentina entregar el contenido de los mensajes de Whatsapp de funcionarios y ex funcionarios del gobierno, entre ellos el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y el ex ministro de la cartera, Sergio Massa.
La orden de la magistrada también incluye el pedido de correos electrónicos “en el contexto de discovery de activos soberanos a embargar. Fija nueva audiencia para el 6 de agosto”, señaló Sebastián Maril, especialista de Latin Advisors.
En declaraciones a PERFIL, Maril explicó que «Los beneficiarios del fallo de YPF están buscando embargar activos soberanos y para eso necesitan conocer toda la información de las empresas que pueden ser alter ego de la República».
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«Parte de los beneficiarios convencieron a la jueza de que funcionarios y ex funcionarios argentinos como Caputo y Massa utilizan servicios no oficiales del Estado como Whatsapp, Gmail o similares para realizar funciones públicas. Por ello necesitan conocer si dentro de esos mensajes hay información que pueda ayudarlos a embargar activos», agregó el especialista.
Maril aclaró que tanto Caputo como Massa «no tienen que entregar todo el teléfono y los Whatsapp, sino que se harán búsquedas por palabras clave como ‘YPF’, ‘Aerolíneas Argentinas etc.’. Argentina está sujeta a la legislación de Nueva York en este caso y por eso no se busca información privada, sino aquella del Estado relacionada con este expediente».
La información será entregada a los demandantes pero no se publicará en el expediente, salvo que las partes se refieran a ella en algún escrito.
Presentación argentina
La orden de la magistrada estadounidense se conoció después de que los abogados del Estado argentino presentaron un escrito ante la Corte de Apelaciones para sostener la suspensión del fallo de Preska que obliga a ceder el control de YPF, según informó NA.
En su presentación ante la Cámara de Apelaciones, Argentina advirtió que la ejecución de la orden de entrega de las acciones de YPF «causaría un daño irreparable a la República» y «podría desatar un conflicto diplomático significativo» con Estados Unidos.
El escrito, al que tuvo acceso el experto Sebastián Maril, sostiene que la orden de Preska «vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero» y contradice la ley estadounidense, ya que las acciones de YPF se encuentran en territorio argentino.
Además, el Gobierno remarcó que el interés público se ve favorecido por la suspensión, ya que la ejecución del fallo afectaría a YPF, a sus accionistas y al pueblo argentino. Ahora, la Corte de Apelaciones deberá decidir en los próximos días si mantiene la orden de Preska o si hace lugar al pedido argentino de suspenderla durante todo el proceso de apelación.
LM